La cultura gana presencia en el lenguaje político a condición de demostrar que sirve para otra cosa. Cohesión, salud, innovación, competitividad, regeneración territorial o proyección exterior permiten defender recursos públicos. También establecen un precio: lo que no promete un efecto reconocible queda en una posición más frágil. El problema no reside en que la cultura produzca consecuencias sociales. Aparece cuando esas consecuencias se convierten en requisito previo de legitimidad y financiación.
Un mandato cada vez más amplio
La Comisión Europea publicó el 12 de noviembre de 2025 A Culture Compass for Europe, COM(2025) 785. El documento presenta la cultura como fundamento de valores y pertenencia, pero también como fuente de cohesión, resiliencia, bienestar, innovación, empleo, turismo y poder internacional. Sus cuatro direcciones combinan derechos culturales y condiciones de trabajo con una Europa competitiva, cohesionada y presente en sus relaciones exteriores.
La amplitud ofrece oportunidades. Integra la cultura en políticas que antes la trataban como gasto ornamental y reconoce que las condiciones de los artistas no pueden separarse del acceso cultural. Al mismo tiempo, acumula sobre cada intervención expectativas que ningún proyecto aislado puede satisfacer. Una obra, una residencia o un archivo quedan obligados a hablar varios idiomas administrativos a la vez.
El documento de trabajo que acompañó al Compass recoge también el valor intrínseco de la cultura y su condición de bien público. Esa inclusión evita reducir toda la política europea a beneficios instrumentales. Sin embargo, la tensión persiste: el reconocimiento abstracto del valor intrínseco convive con sistemas de financiación que necesitan objetivos verificables, calendarios, indicadores y resultados atribuibles.
En España, la convocatoria de 2026 para proyectos culturales de especial impacto social destinó 5.149.000 euros a iniciativas orientadas a producir transformaciones significativas mediante la cultura. Entre sus finalidades figuran la participación de personas que afrontan barreras, la transversalidad con otros servicios públicos, la capacidad de acción ciudadana y la articulación del tejido cultural. Son objetivos legítimos. La cuestión es qué tipo de práctica queda favorecida cuando el acceso a los recursos depende de anticipar ese efecto y narrarlo de una forma evaluable.
El Plan de Derechos Culturales 2025–2027 cambia parcialmente el marco. Permite preguntar quién puede acceder, crear, decidir y recibir apoyo sin exigir que cada participación produzca además una mejora económica o sanitaria. Pero el vocabulario de derechos solo adquiere fuerza cuando se traduce en presupuesto, obligaciones, capacidad institucional y evaluación pública. Un plan no puede juzgarse por sus propósitos antes de conocer su ejecución.
La propuesta AgoraEU para el siguiente marco financiero europeo reúne cultura, medios, ciudadanía y valores en un único instrumento todavía sujeto a tramitación. La Comisión la presentó el 16 de julio de 2025 con una dotación de 8.582 millones de euros para 2028–2034, repartidos en tres capítulos: unos 1.796 millones para Europa Creativa – Cultura, unos 3.194 millones para MEDIA+ y unos 3.593 millones para el capítulo de ciudadanía, igualdad, derechos y valores. En el periodo 2021–2027, cultura y medios sumaban 2.442 millones. El Parlamento Europeo propuso en su informe provisional sobre el marco financiero elevar AgoraEU a 10.720 millones; la cifra final depende de la negociación del marco financiero.
Dos datos del expediente importan para este texto. El primero es la ubicación: AgoraEU figura bajo el epígrafe presupuestario «Competitividad, prosperidad y seguridad». El segundo procede del Tribunal de Cuentas Europeo, que en su dictamen 11/2026 sobre la propuesta observó que ni la legislación vigente ni la propuesta definen el valor añadido europeo que el programa debe producir. A mi juicio, ambas cosas dibujan la misma tensión que recorre este artículo: más dinero para la cultura, colocado en una casilla que la mide por su contribución a otra cosa, y con un criterio de éxito todavía sin definir. La integración puede reforzar el peso político de la cultura o aumentar la competencia entre finalidades muy distintas. La respuesta dependerá de sus criterios e indicadores finales, no solo del nombre del programa ni del tamaño de la dotación.
Lo que los indicadores ven bien
Los sistemas de evaluación registran con facilidad participantes, actividades, alianzas, visitas, alcance territorial, encuestas y productos. Es información necesaria. Sin ella resulta difícil controlar en qué se emplean los fondos, comparar compromisos con resultados o detectar exclusiones persistentes.
El problema comienza cuando lo medible sustituye a lo importante. Hay efectos que tardan años, dependen de muchos factores o no pueden atribuirse a una sola intervención. Una exposición puede cambiar un criterio curatorial sin aumentar visitantes. Un proceso comunitario puede hacer visible un conflicto y reducir, en lugar de ampliar, el consenso. Una investigación puede fracasar en su objetivo inicial y producir un método útil. Una obra puede sostener una pregunta cuya función sea impedir un cierre prematuro.
Estos efectos no son necesariamente mejores que los cuantificables. Tampoco deben convertirse en una excusa romántica contra la rendición de cuentas. Requieren otra forma de evidencia: decisiones modificadas, documentos, cambios de procedimiento, desacuerdos registrados, recursos redistribuidos y relaciones que continúan.
Una genealogía corta del impacto
La exigencia de impacto tiene historia. En 1997 François Matarasso publicó Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts, un estudio que identificaba cincuenta efectos sociales de la participación artística, desde la confianza personal hasta la cohesión comunitaria. El trabajo se convirtió en referencia de las políticas culturales británicas de los años siguientes. En 2002 Paola Merli lo criticó con dureza en el International Journal of Cultural Policy: cuestionaba que los cuestionarios utilizados pudieran sostener las conclusiones y señalaba que los efectos atribuidos no se comparaban con ninguna situación de control.
El debate no terminó con la derrota de una de las partes. En 2019 la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud publicó una revisión de Daisy Fancourt y Saoirse Finn sobre más de tres mil estudios acerca del papel de las artes en la salud y el bienestar. La evidencia de efectos existe y en algunos ámbitos es sólida. El problema que plantea este texto no es su ausencia, sino lo que ocurre cuando esa evidencia se convierte en condición para que algo merezca existir.
Hay además una pregunta distributiva que el discurso del impacto suele omitir. En Culture is Bad for You (2020), Orian Brook, Dave O’Brien y Mark Taylor documentaron las desigualdades de clase en la participación cultural y en el empleo del sector en Inglaterra. Si la cultura produce beneficios, esos beneficios se reparten de forma desigual, y quienes más participan ya parten con ventaja. Medir el impacto medio puede ocultar quién lo recibe.
El instrumentalismo defensivo
Eleonora Belfiore, en un artículo publicado en 2012 en Cultural Trends, denominó «instrumentalismo defensivo» a la tendencia del sector cultural británico a justificar la financiación mediante beneficios económicos y sociales. La estrategia parecía pragmática: hablar el idioma que las administraciones entendían para proteger presupuestos vulnerables. Su coste fue aceptar que la cultura debía demostrar su utilidad en términos definidos fuera de ella.
El Cultural Value Project dirigido por Geoffrey Crossick y Patrycja Kaszynska propuso partir de la experiencia de las artes y de la cultura y estudiar después cómo se relaciona con efectos más amplios. El orden importa. Si la evaluación empieza por un resultado externo, solo ve de la experiencia aquello que puede contribuir a él. Si empieza por lo que ocurre en la práctica, puede describir consecuencias no previstas y no siempre positivas.
En la vida cotidiana de la financiación, una investigación se traduce como innovación; una residencia, como internacionalización; un archivo, como transformación digital. Traducir no es falsear. Los proyectos existen dentro de políticas y deben explicar por qué merecen recursos. La distorsión aparece cuando el vocabulario financiable modifica el proyecto hasta convertir el resultado exigido en su razón de ser.
La carga tampoco se distribuye por igual. Una gran institución dispone de personal de evaluación, comunicación y captación. Un colectivo pequeño debe realizar el trabajo, justificarlo, recopilar datos y redactar la historia de su impacto. La obligación que pretende democratizar el acceso puede favorecer a quien ya posee infraestructura para demostrar que merece apoyo.
El riesgo de prometer causalidad
Hablar de impacto sugiere una relación causal. Sin embargo, muchos proyectos solo pueden mostrar contribución. Que una persona participe en una actividad y declare después mayor bienestar no permite atribuir todo el cambio a esa actividad. Que un barrio reciba programación cultural y mejore un indicador económico tampoco demuestra que la programación sea la causa principal.
La precisión no debilita la defensa de la cultura. Evita que se construya sobre promesas imposibles. Las evaluaciones deberían diferenciar:
- Resultados directamente producidos por el proyecto.
- Cambios observados a los que el proyecto pudo contribuir.
- Interpretaciones de participantes y profesionales.
- Efectos esperados que no se produjeron.
- Daños, desplazamientos o exclusiones.
- Factores externos que impiden atribuir causalidad.
Cuando se exige éxito, desaparecen del informe los abandonos, los conflictos y las consecuencias adversas. La evaluación deja de aprender y se convierte en publicidad retrospectiva.
La crítica a esa retórica ya apareció en El impacto que decimos tener. Aquí la pregunta es distinta: qué ocurre cuando la financiación convierte el impacto en criterio de legitimidad y obliga a prometer causalidades que el proyecto no puede demostrar.
El arte y la función que no lo agota
Una política pública necesita finalidades. No puede financiar sin prioridades ni decidir únicamente mediante intuiciones. Pero una política cultural que identifica por completo el valor con una función externa financia aquello que la cultura comparte con otras intervenciones y deja debilitado aquello que no puede contratarse por adelantado.
En el marco del excedente estructural, el acontecimiento artístico no se define por carecer de función, sino por introducir una diferencia que esa función no reabsorbe por completo. Una obra puede contribuir a la cohesión y al mismo tiempo poner en crisis la imagen consensual de una comunidad. Puede mejorar el bienestar de algunas personas y resultar incómoda para otras. Puede alcanzar un objetivo educativo y producir preguntas que el programa no había previsto.
Ese resto no es un lujo añadido después de cumplir la finalidad. Es lo que impide que el arte se reduzca a una tecnología social intercambiable. Si solo cuenta el efecto contratado, una actividad cultural es valiosa mientras resulte más eficiente que otra herramienta destinada al mismo objetivo. Su legitimidad queda subordinada a una competencia que puede perder.
Evaluar sin domesticar
Renunciar a la evaluación protegería sobre todo a quienes ya poseen prestigio. La alternativa es ampliar el campo de lo evaluable y distinguir responsabilidad de obediencia al indicador.
Una memoria de proyecto debería registrar, además de participación y ejecución:
- Cambios no previstos y conflictos surgidos.
- Decisiones institucionales modificadas.
- Recursos redistribuidos.
- Relaciones que continuaron después.
- Personas que rechazaron participar o abandonaron, cuando pueda conocerse sin invadir su privacidad.
- Trabajo no remunerado utilizado por el proyecto.
- Materiales y datos acumulados por la institución.
- Efectos que no pueden atribuirse solo a la intervención.
- Límites, daños y compromisos incumplidos.
- Preguntas que permanecen abiertas.
Los indicadores cuantitativos siguen siendo útiles, pero deben acompañarse de interpretación y contexto. Contar no equivale a explicar. Una cifra de participación no muestra quién tomó decisiones, quién cobró, quién puso los datos ni qué pudo impedir.
Hay además tres tiempos que no deben confundirse. La ejecución comprueba si se hizo lo comprometido. La evaluación inmediata observa accesos, experiencias y problemas. La revisión diferida identifica relaciones, cambios institucionales o efectos que no eran visibles al cerrar la actividad. Pedir todo en la memoria final favorece lo rápido y espectacular.
Derechos culturales sin rendimiento obligatorio
El lenguaje de los derechos ofrece una salida parcial porque no obliga a demostrar productividad para justificar el acceso. Participar en la vida cultural, crear, expresarse y acceder al patrimonio no dependen de producir cohesión o crecimiento.
Pero los derechos pueden convertirse en otro vocabulario vacío si no determinan quién recibe recursos, qué barreras deben eliminarse y quién participa en las decisiones. El cambio no consiste solo en sustituir «impacto» por «derechos». Consiste en aceptar que ciertas obligaciones públicas existen aunque sus beneficios no puedan convertirse en una promesa de transformación medible.
La cuestión decisiva es quién puede crear, acceder, discrepar y permanecer; quién cobra; quién conserva los materiales y el valor producido; y quién asume el coste de demostrarlo. Una política cultural madura debería financiar intervenciones útiles y también investigación sin aplicación inmediata, procesos lentos, obras conflictivas y prácticas cuyo resultado no puede fijarse antes de empezar.
Sobre la conversación abierta
Este texto distingue entre los objetivos declarados por las políticas y sus efectos, que requieren datos de ejecución. Si trabajas en evaluación o financiación cultural y conoces sistemas que documenten conflicto, aprendizaje y efectos no previstos sin penalizarlos, puedes escribirme.
Fuentes
- Comisión Europea, A Culture Compass for Europe, COM(2025) 785.
- Comisión Europea, documento de trabajo y consulta del Culture Compass.
- Ministerio de Cultura, ayudas de especial impacto social 2026.
- Comisión Europea, propuesta AgoraEU, COM(2025) 550.
- Parlamento Europeo, Observatorio Legislativo, procedimiento 2025/0550(COD).
- Tribunal de Cuentas Europeo, dictamen 11/2026 sobre AgoraEU.
- Culture Action Europe, desglose de la propuesta de la Comisión y posición del Parlamento.
- François Matarasso, Use or Ornament?, Comedia, 1997; Paola Merli, «Evaluating the social impact of participation in arts activities», International Journal of Cultural Policy, 2002. Referencias sin enlace verificado.
- Daisy Fancourt y Saoirse Finn, What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?, OMS Europa, 2019. Referencia sin enlace verificado.
- Orian Brook, Dave O’Brien y Mark Taylor, Culture is Bad for You, Manchester University Press, 2020. Referencia sin enlace verificado.
- Plan de Derechos Culturales.
- Eleonora Belfiore, «Defensive instrumentalism».
- Geoffrey Crossick y Patrycja Kaszynska, Understanding the value of arts & culture.