Sobre la infancia, la violencia y lo que una comunidad decide consagrar como cultura

En municipios de la Costa del Sol conviven, sin aparente conflicto, dos lenguajes de la política cultural. De un lado, grandes eventos a favor del bienestar animal, con artistas e invitados, presentados como iniciativas de cultura, solidaridad y participación. De otro, una agenda que dignifica la tauromaquia: charlas, clases de toreo de salón, la puesta en valor de la plaza de toros como espacio sociocultural, de la mano de entidades taurinas y del apoyo institucional. No hace falta un nombre propio para que la contradicción salte a la vista.

Lo que importa no es el caso concreto, sino la lógica de gobierno. Una administración que proyecta sensibilidad hacia unos animales y a la vez consagra como herencia digna de celebrarse un espectáculo cuyo contenido es el daño y la muerte de otro sostiene dos discursos que se restan. No hace falta atribuir a nadie la intención de encubrir nada para que la contradicción opere: basta con que ambos convivan. La incoherencia no es de una persona. Es estructural, y está sostenida por algo más grande que cualquier ayuntamiento.

En España esa contradicción no es solo moral: tiene rango legal. La Ley 7/2023 reconoce y protege el bienestar animal, pero excluye expresamente de su ámbito a los animales utilizados en espectáculos taurinos. Y la Ley 18/2013 blinda la tauromaquia como patrimonio cultural digno de protección. El mismo ordenamiento que ampara a unos animales aparta a otros de esa protección invocando la cultura. Lo que en un municipio parece una incoherencia local es, en realidad, la aplicación fiel de una excepción nacional.

Quiero detenerme donde creo que se juega lo importante, y donde mi oficio —la gestión y el pensamiento sobre la cultura— me obliga a mirar: no en si la tauromaquia implica daño real sobre un animal, que lo implica, sino en qué ocurre cuando ese daño se estetiza y se le presenta a un niño como herencia digna de celebrarse.

Sobre la infancia hay que ser preciso, sin exagerar. No sostengo que asistir a una corrida produzca un trauma clínico inevitable: la evidencia disponible no permite afirmarlo, y no voy a fingir que sí. Lo que la literatura revisada permite sostener, con cautela, es algo más sobrio: la exposición infantil a violencia real contra animales aparece asociada a procesos de normalización de la crueldad, a dificultades socioemocionales y a menor sensibilidad ante la violencia en determinados contextos. La evidencia es principalmente correlacional o contextual, no una causalidad directa y universal; pero no hace falta más para justificar precaución. En política de infancia nunca exigimos la prueba de un daño grave e irreversible para limitar la exposición de un niño a un entorno violento: basta con evidencia razonable de un riesgo relevante y evitable.

Tampoco hay que simplificar la propia evidencia. Hay estudios específicos sobre menores y tauromaquia que apuntan en direcciones distintas: alguno, con vídeos de corridas, asoció ciertos contenidos a más agresividad expresada en niños varones; otro, reciente, no confirma un efecto negativo simple e incluso matiza cualquier lectura lineal. Cito ambos a propósito, porque la honestidad obliga a reconocer que el asunto no está cerrado. Y aun reconociéndolo, el principio de precaución se sostiene: cuando la evidencia sobre un riesgo a menores es razonable aunque no concluyente, la prudencia no espera a la certeza.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas se ha pronunciado dos veces, y merece distinguir qué dijo en cada una. En 2018 recomendó a España prohibir la participación de menores de dieciocho años en espectáculos taurinos, como toreros y como espectadores. En 2026 fue más lejos: preocupado por que los niños sigan siendo testigos de violencia y muerte en las fiestas taurinas, pidió fijar los dieciocho años como edad mínima para participar en eventos, fiestas y escuelas taurinas, sin excepción, y sensibilizar sobre los efectos negativos de esa violencia en los niños, incluidos los espectadores. No es una observación aislada: es una preocupación persistente, y creciente, del organismo internacional encargado de velar por los derechos de la infancia.

Hay quien responde que el niño que va a los toros sabe distinguir, que el marco festivo amortigua, que no se identifica con el animal. Puede que en parte sea cierto. Pero hay una diferencia. Vigilamos, con razón, la violencia de las pantallas, y lo hacemos aunque el niño sepa que es ficción. La corrida no es ficción. Es un daño biológico irreversible —heridas, sangre, agotamiento, muerte— infligido a un animal real, en público, celebrado por una colectividad. Y sin veto de entrada a los menores: la propia plaza de Málaga celebra cada año su corrida picassiana, revestida de homenaje al arte, y nada impide que un menor entre a verla. Si tomamos precauciones ante la violencia simulada, cuesta entender por qué bajamos la guardia justo cuando es verdadera y viene envuelta en aura cultural.

Y este es, para mí, el nudo. Porque el aura cultural no es un adorno: es el mecanismo. La tauromaquia se blinda invocando a Picasso, el arte, la herencia compartida. La estetización no acompaña a la violencia: la transforma en otra cosa a los ojos de quien mira, y muy especialmente a los de un niño que aún está aprendiendo qué cosas del mundo merecen admiración. Cuando una comunidad rodea un acto de daño con música, ceremonia, belleza y el sello de lo patrimonial, no está solo permitiéndolo: está enseñando a contemplarlo como digno. Está educando una mirada.

Eso es lo que rara vez se discute. La cultura nunca es neutral. No se limita a reflejar lo que una sociedad es; produce sensibilidad o la embota, decide públicamente qué merece admirarse y qué no. Elegir qué le mostramos a la infancia como valioso es uno de los actos pedagógicos más profundos que una comunidad realiza, aunque casi nunca lo nombre así. Y una comunidad que enseña a sus niños a aplaudir el sufrimiento de un ser vivo porque viene firmado por la tradición les está enseñando algo sobre el sufrimiento, sobre los seres vivos y sobre lo que la tradición puede justificar, todo a la vez.

En la infancia, la petición no admite matices. Pido lo que pide Naciones Unidas y lo que pide la coherencia más elemental: que los menores queden fuera. Que una institución que se fotografía con niños a favor de los animales no los lleve, ni los deje llevar bajo su amparo, a presenciar la muerte ritual de un animal. Que dejemos de pedir a la palabra «cultura» que haga el trabajo sucio de volver presentable, ante un niño, aquello que en cualquier otro contexto le prohibiríamos ver.

La pregunta que hay que sostener no es si los toros son arte. Es más sencilla y más incómoda: qué le estamos enseñando a mirar a un niño cuando le enseñamos a mirar esto, y por qué hemos decidido que la palabra patrimonio basta para que la pregunta no se haga.

Sobre la conversación abierta

Este texto se ciñe a la infancia porque es donde la contradicción resulta menos defendible, y toca algo que trabajo en este cuaderno: que la cultura no es neutral, que decide públicamente qué se ofrece a admirar y que hacerlo ante quien todavía está aprendiendo a mirar es un acto pedagógico, se nombre así o no. Si alguien quiere intervenir desde los derechos de la infancia, la educación, la psicología del desarrollo o la gestión cultural, este cuaderno sigue abierto.

Fuentes

Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. BOE-A-2023-7936, art. 1.3.a). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7936

Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural. BOE-A-2013-11837, art. 2. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-11837

Comité de los Derechos del Niño (ONU). Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España. CRC/C/ESP/CO/5-6, 5 de marzo de 2018, §25.

Comité de los Derechos del Niño (ONU). Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de España. CRC/C/ESP/CO/7, 23 de febrero de 2026, §23.

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