Hay un detalle en esta historia que la explica entera, y conviene empezar por él. El 24 de julio, una orden ejecutiva estadounidense dispuso que se instalaran carteles advirtiendo a los visitantes del Museo Nacional de Historia Americana de que sus exposiciones deberían renovarse y remitiéndolos a otros lugares donde encontrar información veraz sobre la historia del país. Los carteles no van dentro del museo. Van en las aceras que conducen a él.
No es una elección estética. Es que no se podía hacer otra cosa. El Smithsonian no es una agencia del poder ejecutivo: es una institución fiduciaria creada por el Congreso en 1846 y gobernada por un patronato de diecisiete miembros, donde se sientan el presidente del Tribunal Supremo, el vicepresidente, tres senadores, tres representantes y nueve ciudadanos designados por resolución conjunta del Congreso. Ningún presidente tiene autoridad para dictar lo que se expone en sus salas. Sí tiene, en cambio, autoridad sobre los terrenos que administra el servicio de parques nacionales. Es decir: sobre la acera.
Cuento esto porque me parece uno de los casos más nítidos que he visto de una distinción en la que llevo tiempo trabajando, y que en la investigación que comparto con Adolfo Cortés García aparece descompuesta en tres piezas —la descomposición es aportación suya—. Una cosa es la legitimidad, el derecho reconocido a estar en un campo y a que lo que uno hace cuente como candidato. Otra es la autoridad, la posición desde la que se certifica según las normas del campo. Y otra distinta es el poder, la capacidad efectiva de hacer que una afirmación circule o no circule. Lo habitual es que vayan juntas. Cuando se separan, se ve muy bien de qué está hecha cada una. La distinción la desarrollamos pensando en el mundo del arte; aquí la aplico a otra institución que también produce afirmaciones públicas sobre lo que algo es, y un museo nacional de historia lo es de manera obvia.
Aquí las tres piezas están separadas de manera casi didáctica, y repartidas entre tres sujetos distintos. La autoridad sobre lo que dice una vitrina la tienen el patronato y la dirección del museo, por ley. La legitimidad la tienen los conservadores y los historiadores, por competencia acreditada ante sus pares. Y el poder para presionar lo tiene alguien que no tiene ninguna de las dos anteriores. Como ese poder no puede convertirse en autoridad, se ejerce donde alcanza: en el pavimento, en el presupuesto, en las cartas oficiales. La secuencia está documentada y vale la pena leerla como lo que es, una escalada. En marzo de 2025, una orden ejecutiva encargaba retirar de las propiedades del Smithsonian lo que llamaba ideología impropia. En agosto de ese año, una carta anunciaba una revisión interna de museos y exposiciones. En diciembre, otra reclamaba materiales: textos de pared, didácticas, propuestas expositivas, presupuestos, listas de objetos, manuales internos. En julio de este año llegó un informe de ciento sesenta y dos páginas, y tres semanas después, la orden de los carteles.
El informe merece que se lea de cerca, porque su acusación central no es que el museo mienta. Es que cuenta una historia equivocada en el tono equivocado. Sostiene que la dirección del museo ha adoptado un marco ideológico que ya no trata la historia estadounidense como una herencia nacional compartida que enseñar o celebrar, sino como un instrumento político para dividir; y que, en la medida en que allí se cuenta una historia, no es la de la victoria de la libertad y el genio del país, sino una de arrepentimiento, tragedia y vergüenza.
Y ahora tengo que conceder algo, porque si no lo hago este texto no vale nada. Esa acusación no es absurda. Un museo nacional sí construye un relato. No es un almacén neutral de objetos: selecciona, ordena, jerarquiza y calla, y esas decisiones son interpretativas y por tanto discutibles. Quien diga que un museo de historia nacional solo muestra hechos, o no ha trabajado nunca en uno o está siendo poco sincero. La discusión sobre qué relato cuenta una institución pública sobre su propio país es legítima, necesaria y no debería incomodar a nadie que trabaje en cultura.
El problema no es que se discuta el relato. Es quién lo discute y con qué instrumentos. Un historiador que impugna una sala escribe un artículo, publica, argumenta, y otros historiadores le responden: eso es una discusión, y funciona porque ambos se someten a las mismas reglas de evidencia. Un poder que impugna una sala reclamando presupuestos, listas de objetos y manuales internos, y que después manda poner carteles en la calle avisando de que dentro no hay información fiable, no está discutiendo. Está desplazando la cuestión desde el terreno donde puede perderse a otro donde no.
Ese desplazamiento tiene una consecuencia que va más allá de este caso. Un poder que actúa sin legitimidad ni autoridad no solo impone o retira un reconocimiento sin haber evaluado nada: además dificulta que el error pueda detectarse después. Una afirmación falsa emitida por la autoridad competente es corregible, porque se emitió en el terreno donde rigen las reglas de evidencia y ahí puede refutarse. Un cartel en la acera no es refutable con un artículo, porque no pertenece a ese juego. Al visitante que lee la advertencia antes de entrar no se le ofrece un argumento que pueda examinar: se le entrega una desconfianza previa que ninguna sala va a poder deshacer, porque no está formulada en términos que admitan respuesta. Corregir exige que la afirmación y su impugnación compartan un terreno común, y la operación consiste justamente en sacar la cuestión de ahí.
La directora del museo respondió ante un subcomité del Congreso de una manera que me parece ejemplar precisamente por lo poco defensiva que es. Dijo que se toma en serio las preocupaciones planteadas y que, donde puedan hacerlo mejor, lo harán mejor. Y a la vez sostuvo que el informe no caracteriza con justicia el conjunto del trabajo del museo, que la institución no toma partido en los debates políticos del país y que contar la historia completa no es antiestadounidense, sino una forma de respeto. El secretario del Smithsonian dijo algo parecido internamente: que siempre hay margen de mejora y que el informe no es una caracterización justa. Ninguna de las dos respuestas niega que se pueda revisar nada. Las dos se niegan a aceptar el marco.
Hay precedente de cómo acaba esto cuando acaba mal, y es del propio Smithsonian. En 1994, el Museo del Aire y el Espacio preparó una exposición sobre el Enola Gay y el fin de la Segunda Guerra Mundial que incluía el debate historiográfico sobre la bomba atómica. Asociaciones de veteranos y miembros del Congreso presionaron con audiencias, recortes y peticiones de dimisión. La exposición se canceló el 30 de enero de 1995. Cinco meses después se abrió otra en su lugar, y la descripción que hace el archivo del propio Smithsonian es de las cosas más elocuentes que he leído sobre este asunto: no contenía interpretación, ni imágenes gráficas, ni objetos fundidos. Solo el fuselaje, con datos básicos sobre el avión y su restauración.
Ese es el final del camino, y no es la censura de un contenido concreto. Es un museo que deja de interpretar. Cuando interpretar sale caro, la salida racional para cualquier institución es dejar de hacerlo: poner el objeto, poner la ficha técnica y callarse. Y un museo que no interpreta no es un museo más neutral. Es un almacén con visitas. La asociación de historiadores estadounidenses lo formuló este año con una frase que lo dice mejor que yo: la historia patriótica celebra los grandes logros de una nación y también ayuda a lidiar con las partes menos grandiosas y más dolorosas, y ambas forman parte de un pasado compartido.
Los carteles, si llegan a colocarse, van a estar fuera del edificio, en el suelo público, avisando de que lo que hay dentro no es de fiar. Es la imagen exacta de un poder que no puede entrar. Y, precisamente por eso, es también la prueba de que la autoridad sobre lo que se cuenta ahí dentro todavía está donde debe estar. Lo que decidirá cómo acaba esto no es la orden ejecutiva: es cuánto aguanten los que trabajan dentro sin empezar a quitar interpretación de las salas por su cuenta, para no tener problemas. Esa parte no sale en ningún documento oficial, y es la que decide el resultado.
Sobre la conversación abierta
Este texto aplica al caso del Smithsonian una distinción que trabajo en la investigación sobre reconocimiento que comparto con Adolfo Cortés García: la que separa la legitimidad para estar en un campo, la autoridad para certificar según sus normas y el poder de hacer que algo circule o no. La descomposición es aportación suya, y la formulamos pensando en el mundo del arte; un museo de historia la pone a prueba en otro terreno, y me interesa saber si aguanta.
Queda además una pregunta que nuestro trabajo no responde y que este caso plantea con claridad: qué ocurre cuando una institución retira interpretación por adelantado, sin que nadie se lo haya ordenado, para evitarse el conflicto. No es censura y no deja rastro documental. No es un texto sobre política estadounidense, sino sobre qué ocurre cuando el poder no puede convertirse en autoridad y actúa donde alcanza. Y concede sin reservas que un museo nacional construye un relato y que ese relato es legítimamente discutible: la cuestión es con qué instrumentos se discute. Si alguien quiere intervenir desde la museología, la historia pública, la gestión de instituciones o la conservación, este cuaderno sigue abierto.
Fuentes
Casa Blanca. Executive Order 14416, Restoring Trust in the Smithsonian Institution, 24 de julio de 2026. Y Executive Order 14253, Restoring Truth and Sanity to American History, 27 de marzo de 2025.
White House Domestic Policy Council. Saving America’s Story: How Ideological Capture at the Smithsonian Institution’s National Museum of American History Erases Our Heritage, 4 de julio de 2026.
Anthea M. Hartig. Testimonio escrito ante el Subcomité de Delivering on Government Efficiency, Comité de Oversight and Government Reform de la Cámara de Representantes, 21 de julio de 2026.
Reuters, 8-9 de julio de 2026: memorando interno del secretario del Smithsonian, Lonnie G. Bunch III.
National Coalition Against Censorship. NCAC Decries White House Policy Council Report Castigating the Smithsonian, 13 de julio de 2026.
Associated Press, 24 de julio de 2026: cobertura de la orden ejecutiva y su encaje institucional.
20 U.S.C., capítulo 3, §§ 41-43, y Smithsonian Office of General Counsel, sobre la naturaleza jurídica de la institución y la composición del Board of Regents.
Smithsonian Institution Archives: cancelación de la exposición sobre el Enola Gay (30 de enero de 1995) y descripción de la exposición sustitutoria (28 de junio de 1995).
American Historical Association y Organization of American Historians, declaraciones de 2026.
Cortés García, Adolfo, y Juan A. Esteban Ruiz. Recognition and Surplus. Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.21630455