Las instituciones culturales han aprendido a invitar. Piden a comunidades relatos, imágenes, mapas, testimonios, objetos y tiempo. El proceso puede producir relaciones valiosas, alterar una exposición o abrir un archivo. Cuando termina, la institución conserva grabaciones, fotografías, contactos, metadatos, metodologías y legitimidad pública. Las personas que participaron rara vez conservan el mismo control sobre aquello que ayudaron a producir.
La desigualdad no invalida toda práctica participativa. Obliga a mirar más allá del encuentro. El poder aparece en lo que puede modificarse durante el proyecto y en lo que ocurre después con los materiales.
Participar no es gobernar
«Participativo» designa prácticas muy distintas. En 1969 Sherry Arnstein propuso una escalera de ocho peldaños para la participación ciudadana en planificación urbana, desde la manipulación hasta el control ciudadano, y advirtió de que la participación sin redistribución de poder es un ritual vacío. Para un proyecto cultural bastan cuatro niveles:
- Acceso: entrar, asistir o utilizar un recurso.
- Contribución: aportar materiales, opiniones o trabajo.
- Decisión: modificar contenidos, criterios, calendario o presupuesto.
- Gobernanza: intervenir de forma continuada en reglas, archivo y reutilización.
Una consulta puede escuchar sin transferir decisión. Un taller puede dar voz sin tocar el presupuesto. Una cocreación puede enriquecer a la institución y mantener a quienes participan como público beneficiario. Si los cuatro niveles se nombran del mismo modo, una extracción organizada de conocimiento puede presentarse como distribución de poder.
El criterio más exigente no es cuántas personas fueron invitadas, sino qué pudieron cambiar y qué pudieron impedir. La gobernanza incluye la posibilidad de limitar una digitalización, condicionar licencias, exigir retirada o rechazar que un testimonio se reutilice como prueba de impacto.
Del encuentro al activo institucional
Una conversación grabada para una exposición entra en un repositorio. Una fotografía realizada en un taller reaparece en una campaña. Un relato comunitario se incorpora a una memoria de subvención. Una metodología se presenta en un congreso. Lo producido supera la finalidad inicial y continúa trabajando para alguien.
La institución posee infraestructura para conservar, describir, relacionar y reutilizar. Los participantes pueden recibir una copia, pero no necesariamente herramientas para encontrarla años después, corregir sus metadatos o conocer nuevos usos. Esta diferencia convierte una colaboración temporal en acumulación institucional.
El archivo no es el residuo de la participación. Es una segunda fase del proyecto. Allí se decide:
- Qué se conserva y qué se elimina.
- Quién aparece como autor, fuente o participante.
- Qué palabras describen el material.
- Quién puede verlo, descargarlo o reutilizarlo.
- Qué licencias se aplican.
- Cuánto tiempo permanece accesible.
- Quién puede corregir o retirar.
Cada decisión produce visibilidad y silencio.
Abrir no siempre repara
La digitalización suele presentarse como una ampliación neutral del acceso. Puede reparar exclusiones, reunir archivos dispersos y permitir usos educativos. También puede trasladar materiales a contextos que quienes los produjeron no previeron.
Los principios FAIR, publicados en 2016, promueven datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Son útiles para evitar archivos incomprensibles o técnicamente cerrados. Los principios CARE, desarrollados desde la gobernanza indígena de datos, añaden beneficio colectivo, autoridad para controlar, responsabilidad y ética. La relación entre ambos marcos no se resuelve eligiendo apertura o cierre. Obliga a preguntar quién define la reutilización y quién recibe sus beneficios.
Mukurtu, un gestor de contenidos libre desarrollado con comunidades indígenas, permite protocolos culturales y niveles de acceso diferenciados. Su interés no consiste en ofrecer una solución universal, sino en demostrar que un archivo digital puede incorporar reglas comunitarias en lugar de tratar todo material como igualmente disponible.
Local Contexts, una iniciativa surgida de ese mismo ámbito, ofrece etiquetas de conocimiento tradicional y bioculturales que una comunidad puede asociar a un registro digital. No sustituyen a una licencia ni tienen fuerza jurídica propia. Informan de protocolos de uso, procedencia y responsabilidades que una licencia estándar no expresa, y permiten que esa información viaje con el material cuando sale del archivo original.
Algunos contenidos necesitan acceso abierto. Otros requieren restricción, consulta, atribución específica, consentimiento renovado o capacidad de retirada. «Abierto» describe una condición técnica; no garantiza justicia.
Un problema europeo en curso
DIGICHer, proyecto de Horizonte Europa activo entre febrero de 2024 y enero de 2027, investiga la digitalización del patrimonio de comunidades minoritarias con pilotos vinculados a patrimonio sámi, judío y ladino de los Dolomitas. Su presupuesto asciende a 3.899.812,50 euros. El proyecto ha publicado entregables parciales sobre prácticas, educación, comunicación, sostenibilidad y gestión ética. Sus recomendaciones finales no estaban disponibles al cerrar este texto.
La prudencia importa. Un proyecto en curso puede mostrar métodos y tensiones, pero no debe citarse como si ya hubiera resuelto la gobernanza comunitaria del patrimonio digital. Sus resultados finales tendrán que evaluarse por las decisiones que permitan tomar, no solo por el número de recursos producidos.
Imagen, voz y datos personales
En España, una autorización inicial no convierte cualquier reutilización futura en lícita.
La Ley Orgánica 1/1982 protege honor, intimidad y propia imagen. El consentimiento es revocable, aunque la revocación puede generar obligación de indemnizar daños y perjuicios, incluidas expectativas justificadas. La aplicación depende del material, el uso, el contexto y las excepciones legales.
El RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 se aplican cuando testimonios, imágenes, voces, contactos o combinaciones de datos identifican a una persona. La institución necesita una base jurídica, información clara, finalidad y plazos de conservación. Reutilizar para comunicación, investigación o entrenamiento de sistemas no queda cubierto automáticamente porque el dato se recogiera en un proyecto cultural.
El consentimiento en protección de datos no debe confundirse con una cesión de derechos ni con la autorización sobre la propia imagen. Un formulario único puede contener varias decisiones, pero debe distinguirlas y permitir comprender qué se acepta.
Tres reglas afectan de lleno a los archivos participativos. El artículo 89 del RGPD permite tratar datos con fines de archivo en interés público, investigación o estadística, con garantías como la minimización o la seudonimización, y el artículo 17.3.d limita el derecho de supresión cuando borrar los datos impediría o dificultaría gravemente esos fines. En España, el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/2018 regula el tratamiento con fines de archivo en interés público por parte de las administraciones. La consecuencia práctica es una inferencia mía: una institución pública puede invocar el interés archivístico para conservar un material que un participante querría retirar, y por eso la retirada debe pactarse antes, con claridad sobre lo que queda fuera de ella.
Los menores exigen cuidado específico. La Ley Orgánica 3/2018 fija en catorce años la edad para consentir el tratamiento de los propios datos, y la Ley Orgánica 1/1982 exige, para la propia imagen de un menor sin madurez suficiente, el consentimiento de sus representantes legales con comunicación previa al Ministerio Fiscal. Un taller escolar fotografiado y archivado no es un caso menor.
Las personas fallecidas también cuentan. La Ley Orgánica 3/2018 permite a familiares y herederos solicitar acceso, rectificación o supresión de sus datos, salvo que la persona lo hubiera prohibido, y la Ley Orgánica 1/1982 prevé la protección de su memoria. Un archivo de memoria oral recogido hoy contendrá mañana testimonios de personas que ya no podrán decidir sobre ellos.
El archivo puede incluir también datos de terceras personas mencionadas en un relato. La voluntad de quien entrega un testimonio no elimina los derechos de quienes aparecen en él.
Autoría y licencias
Una entrevista, fotografía, dibujo, texto o composición aportados en un proceso pueden estar protegidos si cumplen los requisitos de originalidad. La autoría pertenece a la persona creadora, salvo reglas específicas, y la explotación requiere una base adecuada. No toda frase o dato es una obra, ni toda contribución genera derechos de autor. La decisión debe hacerse caso por caso.
La institución debería separar:
- Propiedad del soporte.
- Derechos sobre el contenido.
- Autorización de imagen o voz.
- Tratamiento de datos personales.
- Licencia para usos concretos.
- Derecho a crédito o anonimato.
Recibir un objeto o archivo no equivale a recibir todos los derechos. Publicarlo una vez tampoco autoriza cualquier reutilización futura.
Un uso que nadie previó: el entrenamiento
Muchos acuerdos de participación firmados hace diez años no contemplaban que un archivo digitalizado pudiera servir para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Ahora es un uso posible. La Directiva (UE) 2019/790 permite la minería de textos y datos sobre contenidos accesibles de forma lícita, salvo que el titular se haya reservado expresamente ese uso de manera adecuada; para los contenidos publicados en línea, mediante medios de lectura mecánica.
Para una institución, eso abre una decisión que no puede tomar sola. Declarar o no esa reserva sobre materiales aportados por una comunidad afecta a quienes los produjeron. Mi propuesta: incorporarla al acuerdo como una autorización separada, con una opción por defecto que no autorice el entrenamiento, y documentar la reserva en el propio repositorio. La relación con Valor sin autor no es excedente es directa: los materiales de un archivo comunitario pueden acabar condensados en un rendimiento ajeno sin que nadie lo haya decidido.
Patrimonio y comunidad
España depositó el instrumento de ratificación del Convenio de Faro el 7 de abril de 2022 y el convenio entró en vigor para España el 1 de agosto. El texto entiende la comunidad patrimonial como un conjunto de personas que valora aspectos específicos del patrimonio y desea sostenerlos y transmitirlos.
Es un convenio marco y no ofrece un procedimiento detallado para cada archivo participativo. Su relevancia reside en desplazar el foco: las personas no son únicamente fuentes de contenido para una institución. Pueden constituir comunidades con interés legítimo en cómo se define, gestiona y transmite ese patrimonio.
Un acuerdo antes de empezar
No he localizado un modelo institucional único que regule a la vez propiedad, retirada, licencia, datos, remuneración y gobernanza. Un acuerdo mínimo debería precisar:
- Finalidad del proyecto y materiales previstos.
- Decisiones abiertas y decisiones ya cerradas.
- Remuneración, gastos y apoyos.
- Créditos, seudónimos o anonimato.
- Quién custodia y durante cuánto tiempo.
- Acceso que conserva cada participante.
- Usos permitidos y usos que requieren nueva autorización.
- Publicación, licencias y descarga.
- Corrección, embargo y retirada.
- Tratamiento de imágenes, voz y datos.
- Transferencia si la institución cierra, se fusiona o cambia de titular.
- Comunicación de resultados y desacuerdos.
- Revisión periódica de las decisiones.
El acuerdo debe ser comprensible y ofrecer decisiones separadas. Una persona puede aceptar participar y rechazar que su imagen se emplee en promoción. Puede autorizar un archivo restringido y no una publicación abierta. Puede querer crédito en una obra y anonimato en datos de evaluación.
Remunerar sin comprar silencio
Pagar las contribuciones reconoce tiempo y conocimiento. No debe convertirse en compra total de derechos ni en renuncia a disputar usos futuros. Remuneración por trabajo, reembolso de gastos y contraprestación por licencias son tres conceptos distintos y deben figurar por separado.
Las instituciones deben evitar que la participación gratuita sustituya empleo profesional o descargue funciones de mediación, investigación y documentación en comunidades invitadas. La relación con La rampa no basta es directa: consultar sobre accesibilidad sin remuneración convierte experiencia vivida en recurso institucional gratuito.
Después del cierre
El proyecto debería terminar con una devolución verificable:
- Copia de los materiales acordados.
- Inventario de lo conservado.
- Ubicación, condiciones de acceso y responsable.
- Créditos definitivos.
- Usos realizados y previstos.
- Plazo de revisión.
- Canal para corregir o retirar.
- Explicación de recomendaciones aceptadas y rechazadas.
La institución también debe registrar qué obtuvo: contactos, metodología, reputación, datos, contenidos y aprendizaje. Sin esa contabilidad, solo se hace visible lo que recibió la comunidad.
El acontecimiento participativo termina, pero sus materiales siguen actuando. El archivo es el lugar donde se decide quién continúa hablando cuando el encuentro ha acabado. Por eso no puede tratarse como un resto técnico.
Sobre la conversación abierta
Si trabajas con archivos comunitarios o procesos participativos y conoces modelos públicos que combinen gobernanza, retirada, licencia y remuneración, puedes escribirme.
Fuentes
- DIGICHer en CORDIS.
- DIGICHer, entregables.
- Principios FAIR.
- Principios CARE.
- Mukurtu.
- Local Contexts.
- Sherry R. Arnstein, «A Ladder of Citizen Participation», Journal of the American Institute of Planners, 1969. Referencia sin enlace verificado.
- Directiva (UE) 2019/790, sobre los derechos de autor en el mercado único digital.
- Ley Orgánica 1/1982.
- Reglamento General de Protección de Datos.
- Ley Orgánica 3/2018.
- Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- Convenio de Faro, estado de firmas y ratificaciones.