El Ingreso Mínimo Vital se aprobó en 2020 para garantizar una renta mínima a hogares en situación de vulnerabilidad económica. Seis años después, uno de sus problemas más persistentes aparece antes de que la Administración apruebe o deniegue una solicitud: una parte considerable de los hogares que podrían cumplir los requisitos no llega a presentarla.
La literatura sobre protección social denomina non-take-up a la distancia entre el derecho potencial a una prestación y su ejercicio efectivo. En el caso del IMV, no significa que todos esos hogares hayan sido reconocidos administrativamente como beneficiarios. Es una estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal construida al aplicar los requisitos legales a la información disponible sobre renta, patrimonio y composición de los hogares. Las cifras excluyen País Vasco y Navarra porque la evaluación no incorpora sus datos fiscales.
Cinco evaluaciones y una cifra que baja despacio
La AIReF evalúa el IMV por mandato del artículo 31.3 de la Ley 19/2021. Sus cinco opiniones muestran una reducción lenta del porcentaje de hogares potencialmente beneficiarios que no solicita la prestación:
- Primera opinión, 19 de julio de 2022, con datos de 2021: 57 %, unos 400.000 hogares.
- Segunda opinión, junio de 2023, con datos de 2022: 58 %.
- Tercera opinión, julio de 2024, con datos de 2023: 56 %.
- Cuarta opinión, julio de 2025, con datos de 2024: 55 %.
- Quinta opinión, julio de 2026, con datos de 2025: 52 %.
La mejora existe, pero no cambia el diagnóstico central: al terminar 2025, más de la mitad de los hogares que la AIReF identificaba como potencialmente elegibles no había solicitado el IMV. En ese momento lo percibían 455.401 hogares de territorio fiscal común, el 44,2 % de los 1.031.442 hogares potenciales estimados.
La quinta opinión también registra una mejora en la gestión. El tiempo mediano de tramitación de los expedientes aprobados fue de 99 días en 2025, frente a 203 en 2024. Aun así, un procedimiento más rápido no resuelve por sí solo la no solicitud: solo actúa cuando el hogar ya ha iniciado el expediente.
La AIReF da por concluido con esta quinta opinión el ciclo de evaluaciones anuales. Anuncia que retomará nuevas opiniones cuando haya reformas estructurales, se apliquen algunas de sus propuestas o concurran circunstancias extraordinarias que justifiquen otra evaluación.
Cobertura, denegación y no solicitud no son lo mismo
Las cifras del IMV describen fases diferentes y no deben sumarse ni utilizarse como si midieran un único problema.
- La cobertura compara los hogares perceptores con los hogares potencialmente beneficiarios estimados.
- La denegación se refiere a solicitudes presentadas que no fueron aprobadas.
- La tramitación mide el tiempo entre la solicitud y la primera nómina en los expedientes aprobados.
- El non-take-up estima cuántos hogares potencialmente elegibles no solicitaron la prestación.
- Las revisiones de renta modifican prestaciones que ya habían sido reconocidas.
La segunda opinión, por ejemplo, situó la denegación en el 69 % y el tiempo de tramitación en torno a 120 días. La quinta muestra otro momento: el 14 % de las solicitudes de 2025 seguía en trámite al final del año y el tiempo mediano de los expedientes aprobados había descendido a 99 días. Ninguno de esos indicadores permite deducir por sí solo cuántos hogares se abstienen de solicitar ni por qué lo hacen.
No solicitar no equivale a renunciar
Las primeras evaluaciones encontraron que la no solicitud no se concentraba únicamente en hogares sin ingresos. Tener alguna renta, especialmente del trabajo o de actividades económicas, reducía la probabilidad de solicitar el IMV; también influía que la ganancia potencial fuera limitada respecto de la renta inicial.
Esto cuestiona una explicación única basada en el desconocimiento, pero tampoco demuestra por qué decide no solicitar cada hogar. La dificultad para anticipar la cuantía, la documentación requerida, la composición de la unidad de convivencia, la brecha digital, el tiempo de tramitación y la posibilidad de ajustes posteriores pueden aumentar el coste práctico de activar el derecho.
La tercera opinión identificó además la falta de información comprensible, fiable y homogénea como uno de los principales problemas señalados por las entidades mediadoras. También estimó que cinco puntos porcentuales del non-take-up correspondían a hogares que ya percibían rentas mínimas autonómicas. Una parte de la cifra refleja, por tanto, el encaje incompleto entre prestaciones, no solo una decisión individual de no pedir ayuda.
Las obligaciones y la incertidumbre posterior
El artículo 36 de la Ley 19/2021 obliga a las personas titulares, mientras perciben el IMV, a proporcionar la documentación necesaria, comunicar en treinta días los cambios que puedan modificar, suspender o extinguir la prestación, informar de cambios de domicilio o padrón, reintegrar cantidades indebidamente percibidas, comunicar previamente determinadas salidas al extranjero superiores a noventa días al año y presentar la declaración anual del IRPF.
Estas obligaciones cumplen una función legítima de control. Pero el acceso no termina cuando se concede la prestación. La cuantía puede revisarse cuando la Administración recibe información fiscal más reciente.
En 2023, el 65 % de los hogares beneficiarios vio revisado su importe; el 25 % recibió solicitudes de reembolso y el 7 % causó baja. Entre los hogares que causaron baja, el importe afectado por la revisión se situó en una mediana de 3.000 euros. En 2024, al 44 % se le solicitaron devoluciones por bajas o ajustes de nómina. En 2025, las revisiones modificaron la prestación del 51 % de los hogares perceptores: el 10 % causó baja, al 32 % se le redujo la cuantía y al 9 % se le aumentó.
Una revisión, una devolución o una baja no equivalen automáticamente a fraude. Pueden responder a cambios de ingresos, desfases entre la situación actual y los datos fiscales utilizados, errores, incumplimientos o pérdida posterior de los requisitos. Confundir todas esas situaciones oculta el problema administrativo y desplaza la discusión hacia una conducta que debe acreditarse en cada caso.
La discrepancia con el Gobierno
El Gobierno cuestionó públicamente la segunda opinión de 2023. El entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reprochó a la AIReF que no hubiera trabajado suficientemente con el área gestora y contrapuso a la medición por hogares el número de personas alcanzadas por la prestación y su objetivo inicial de 1,8 millones de beneficiarios.
La diferencia no es solo retórica. Medir personas cubiertas responde a cuántos integrantes viven en hogares perceptores. Medir hogares potencialmente beneficiarios que no solicitan responde a si el diseño alcanza a la población que podría cumplir los requisitos. Ambas magnitudes pueden mejorar al mismo tiempo y, aun así, dejar una tasa elevada de no solicitud.
La propuesta: que la Administración active el derecho
Desde su primera opinión, la AIReF plantea avanzar hacia una prestación iniciada de oficio y hacia una gestión más automática, basada en la interoperabilidad entre registros de renta, patrimonio, prestaciones e impuestos. Las opiniones posteriores han reiterado esa línea.
La propuesta no equivale a conceder el IMV sin verificar requisitos. Cambia quién inicia el procedimiento y qué información debe volver a aportar el hogar. La Administración ya dispone de una parte considerable de los datos con los que después comprueba, revisa o modifica la prestación. Utilizarlos antes permitiría avisar a quienes podrían tener derecho, reducir documentación redundante y adaptar mejor la ayuda a situaciones de pobreza sobrevenida.
La quinta opinión insiste en automatizar la verificación mediante información administrativa más próxima al momento de solicitud o revisión. También propone aumentar el automatismo del complemento de ayuda para la infancia mediante los datos de filiación del Registro Civil.
Un derecho que depende de poder activarlo
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza dedicó en 2022 el informe A/HRC/50/38 a la no utilización de derechos en la protección social. El fenómeno no es exclusivo de España ni del IMV: un sistema puede reconocer formalmente una prestación y organizar su acceso de manera que una parte de sus titulares potenciales quede fuera.
A mi juicio, la discusión pública presta más atención al fraude que al acceso, aunque son problemas distintos y exigen pruebas y respuestas diferentes. El fraude debe acreditarse. La no solicitud se estima. Una denegación no demuestra abuso. Una devolución no convierte por sí sola al hogar en defraudador.
La caída del non-take-up del 58 % en 2022 al 52 % en 2025 y la reducción de los tiempos de tramitación muestran que el diseño puede mejorar. También muestran el límite de esas mejoras: una prestación que solo empieza a operar cuando un hogar vulnerable consigue identificarla, entender sus requisitos y asumir la incertidumbre del procedimiento sigue dejando fuera a una parte sustancial de su población potencial.
El acceso efectivo no exige eliminar el control. Exige que el control conviva con información comprensible, datos más actuales, avisos proactivos, acreditación proporcionada y decisiones que el hogar pueda anticipar y entender.
Sobre la conversación abierta
Este texto distingue estimaciones, obligaciones legales, posiciones institucionales e interpretación y no constituye asesoramiento jurídico. Si trabajas en servicios sociales, gestión de prestaciones o evaluación pública, o has solicitado el Ingreso Mínimo Vital y quieres precisar algún dato, puedes escribirme.
Relación del autor con los casos
Declaro, a título personal, que no tengo relación económica ni profesional con las personas e instituciones citadas.
Fuentes
- Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
- AIReF, primera opinión sobre el IMV, 19 de julio de 2022.
- AIReF, segunda opinión sobre el IMV, junio de 2023.
- AIReF, tercera opinión sobre el IMV, julio de 2024.
- AIReF, cuarta opinión sobre el IMV, julio de 2025.
- AIReF, quinta opinión sobre el IMV, julio de 2026.
- Naciones Unidas, informe A/HRC/50/38 del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.
- El Independiente, «Escrivá carga contra las conclusiones de la Airef sobre el ingreso mínimo», 15 de junio de 2023.