Borja Sémper ocupa dos cargos a la vez en el Partido Popular: es portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte. La coincidencia plantea una pregunta que el organigrama no responde: si el partido ha elegido a un responsable de su política cultural o al encargado de representarla.
Sémper tiene una relación con la cultura que nadie discute. La ficha del Congreso lo presenta como autor de varios libros y colaborador en programas de radio. En enero de 2024 sostuvo ante el ministro Ernest Urtasun que «no toda la cultura es de izquierdas». Su trayectoria pública es política, institucional y de comunicación. También cuenta con actividad parlamentaria en el área: es vicepresidente segundo de la Comisión de Cultura del Congreso desde diciembre de 2023 y, desde julio de 2026, ponente del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. En los perfiles oficiales consultados no consta, en cambio, que haya dirigido un museo, un teatro, una biblioteca, un festival u otra institución cultural, ni que haya administrado un presupuesto específico del área.
La propia ficha del partido refleja el peso de su otra función. Las seis noticias más recientes que enlazaba el 7 de octubre de 2026, publicadas entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre, trataban de Ceuta, vivienda y confrontación con el Gobierno y sus socios. Ninguna estaba dedicada a la cultura. Es una fotografía fechada de la actividad pública que el PP asociaba entonces a su portavoz, no una medida completa del trabajo interno que pudiera estar desarrollando.
El partido de la gestión
La ausencia de experiencia sectorial visible llama la atención porque el PP hace de la gestión una de sus credenciales. El 11 de marzo de 2022, durante su candidatura a presidir el partido, Alberto Núñez Feijóo se comprometió, según el comunicado del propio PP, a convertirlo en «la garantía de gestión, de estabilidad y de mayoría que el país necesita».
Si la experiencia de gestión se utiliza como prueba de competencia, cabe preguntar qué experiencia o conocimiento específico respaldó el nombramiento de quien coordina la política cultural del partido que aspira a gobernar España. La pregunta tampoco presupone que solo pueda ocuparse de cultura quien haya dirigido una institución. Pide coherencia entre el criterio que el partido proclama y el que aplica en su propia estructura.
Hay una explicación plausible: que el PP eligiera a Sémper ante todo como interlocutor. Para relacionarse con un sector que percibe lejano al partido, sentarse con cineastas, editores y otros profesionales, y disputar a la izquierda un espacio simbólico. Sería un encargo legítimo, siempre que se llamara por su nombre y se explicara qué equipo técnico, diagnóstico y proceso de escucha sostienen el programa.
La ley de los cien días
Sémper adelantó el 22 de septiembre, en una entrevista, el programa cultural del PP. Para los cien primeros días de un gobierno de Feijóo anunció una ley de mecenazgo, que calificó como la medida más importante, y una auditoría de los museos estatales. Añadió una nueva ley del cine que incorporaría el éxito en taquilla como criterio para las ayudas, sin dejar de apoyar el cine experimental, las producciones de menor presupuesto y los creadores noveles. También propuso reformar la ley de patrimonio para reforzar la seguridad de los museos.
El entrevistador recordó que el mecenazgo ya había sido una medida destacada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces, la regulación ha cambiado. El Real Decreto-ley 6/2023 reformó la Ley 49/2002 y elevó los incentivos fiscales desde el 1 de enero de 2024. En el IRPF, los primeros 250 euros de donativos desgravan el 80 %; el exceso, con carácter general, el 40 %, porcentaje que puede alcanzar el 45 % cuando se cumplen las condiciones de recurrencia. En el impuesto sobre sociedades, la deducción general pasó al 40 % y puede llegar al 50 % en determinados supuestos.
Una nueva ley puede estar justificada. Pero quien la presenta como prioridad debe explicar qué problema de la regulación vigente pretende resolver, qué instrumentos cambiaría, cuál sería su coste fiscal y a quién beneficiaría. En la entrevista, Sémper defendió la necesidad de incorporar financiación privada sin renunciar a la pública, pero todavía no detalló esos extremos.
La auditoría de los museos estatales también exige concreción. Según la explicación publicada, examinaría el personal, la calidad expositiva, la seguridad de las piezas y nuevas fórmulas de financiación y autonomía. Falta saber quién la realizaría, con qué indicadores, qué instituciones quedarían incluidas y qué consecuencias tendría para sus plantillas, presupuestos y modelos de gobernanza.
La experiencia no lo explica todo
La falta de experiencia sectorial previa no determina por sí sola la calidad de una gestión. Urtasun tampoco había dirigido una institución cultural antes de asumir el Ministerio de Cultura en noviembre de 2023. Su trayectoria anterior era diplomática, política y europea. Desde que ocupa un cargo ejecutivo, su labor puede evaluarse por las políticas desarrolladas, las decisiones adoptadas, los recursos destinados y su relación con el sector. Un currículo explica desde dónde llega un responsable público y deja abierto lo que hará.
El caso de Sémper es distinto. No ha ocupado todavía un cargo ejecutivo en una administración pública desde el que aplicar este programa cultural, gestionar sus recursos y responder por sus resultados. Dentro del PP acumula la vicesecretaría de Cultura y Deporte y la portavocía nacional. Esa coincidencia no prueba que la cultura sea para el partido una herramienta de comunicación, pero justifica preguntar por qué ambas funciones recaen en la misma persona y qué competencia, equipo o conocimiento sectorial respaldó la elección.
Un político no necesita haber dirigido un museo para ocuparse de la cultura. La cuestión aparece cuando el partido que convierte la gestión en prueba de competencia presenta como responsable cultural a un dirigente cuya experiencia pública acreditada en este terreno es autoral, parlamentaria, política y comunicativa, sin experiencia acreditada en dirección de instituciones culturales ni en gestión de presupuestos del área. Si el criterio fue otro, corresponde al PP explicarlo.
De la portavocía a los ayuntamientos
Mi lectura es que el caso de Sémper importa más allá de su currículo. Reunir cultura y portavocía acerca la política cultural al lugar desde el que un partido administra su discurso público. Esa proximidad crea el riesgo de que la cultura se valore antes por la imagen que produce, la conversación que abre o la identidad que representa que por la solidez de sus instituciones, las condiciones de quienes trabajan en ellas o los derechos culturales de la ciudadanía.
Ese riesgo resulta especialmente relevante en los gobiernos locales, donde la cultura convive a menudo con el turismo, los festejos, la promoción de la ciudad y la comunicación institucional. La convivencia no es un problema en sí: un festival puede atraer visitantes y una institución tiene que explicar su trabajo. El problema aparece cuando esos efectos ocupan el lugar de la política cultural. Entonces puede ocurrir que la programación se mida por la asistencia y las fotografías de inauguración; que los proyectos dependan del calendario electoral; que el dinero favorezca lo visible frente al archivo, la investigación, la mediación o la conservación; y que los profesionales pasen de interlocutores a proveedores de contenidos. Una agenda llena puede coexistir con instituciones débiles, plantillas insuficientes y contratación precaria.
Ayuntamientos y diputaciones sostienen teatros, museos, bibliotecas, archivos, centros culturales y festivales. Deciden quién los dirige, mediante qué procedimiento, con qué autonomía y durante cuánto tiempo; fijan honorarios, contratan servicios y reparten recursos. Por eso importa el criterio que la dirección nacional presenta como suficiente para responsabilizarse de la cultura. Si la capacidad de comunicar ocupa el lugar del conocimiento sectorial, del equipo técnico y de la gestión institucional, esa misma jerarquía puede reproducirse allí donde el partido gobierna. Esas decisiones contribuirán a determinar qué tejido cultural podrá sostenerse dentro de unos años.
Preguntas pendientes
A Sémper se le pueden plantear preguntas concretas antes de que gobierne:
- Quién elabora el programa cultural y con qué profesionales y organizaciones del sector se ha contrastado.
- Qué diagnóstico justifica una auditoría de los museos estatales, quién la realizaría y qué uso se daría a sus resultados.
- Cómo se incorporaría la taquilla como criterio sin perjudicar al cine experimental, las producciones de menor presupuesto y los creadores noveles.
- Qué cambiaría una nueva ley de mecenazgo respecto de la reforma vigente desde 2024, cuál sería su coste y quiénes serían sus principales beneficiarios.
- Qué recursos presupuestarios, administrativos y humanos requerirían las medidas anunciadas.
La coherencia tendrá que comprobarse, sobre todo, allí donde el PP ya gobierna. La auditoría que Sémper propone para los museos estatales ofrece un criterio aplicable a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de su partido: quién dirige sus instituciones culturales, mediante qué procedimiento, con qué recursos, qué autonomía conservan y cómo se evalúan sus resultados. Esas decisiones ordinarias ya pueden examinarse, y dirán más que cualquier ley anunciada.
El PP ha hecho de la gestión una credencial y ha reunido en Sémper dos funciones distintas: coordinar su política cultural y hablar cada día en nombre del partido. La cuestión desborda ese nombramiento, porque afecta al modelo que la dirección nacional legitima y que puede reproducirse en las administraciones donde gobierna. Mientras no explique qué diagnóstico, qué equipo, qué recursos y qué conocimiento sectorial sostienen su programa, seguirá abierta la pregunta que plantea su organigrama: si buscaba un responsable de Cultura o una cultura de portavoz.
Sobre la conversación abierta
Este texto separa los datos de mi interpretación. No juzga la capacidad de Sémper para gestionar, porque todavía no ha ocupado un cargo ejecutivo en una administración pública desde el que aplicar este programa y responder por sus resultados. Examina la coherencia entre el criterio de gestión que proclama el PP, la trayectoria pública de su responsable cultural y las medidas que ha anunciado. Si trabajas en políticas culturales o en la gestión de instituciones y quieres discutir esta lectura, este cuaderno sigue abierto: escríbeme.
Fuentes
Pablo R. Roces, «Borja Sémper avanza el programa del PP para Cultura: «En los primeros 100 días de Gobierno aprobaremos una Ley de Mecenazgo y una auditoría de los museos estatales»», El Mundo, 22 de septiembre de 2026.
Partido Popular, «Borja Sémper Pascual», perfil oficial, consultado el 7 de octubre de 2026.