Los museos de titularidad estatal se rigen todavía por un reglamento de 1987. En su texto vigente no aparecen las palabras «discapacidad» ni «accesibilidad». El preámbulo habla del acceso de los ciudadanos «en igualdad de condiciones en todo el territorio español». Los artículos sobre la visita regulan el horario mínimo de apertura, las condiciones de entrada, los días gratuitos y la posibilidad de establecer precios reducidos para determinados colectivos. Es un texto en el que el acceso al museo se concibe principalmente como apertura al público y régimen de entrada.
El Ministerio de Cultura sometió a información pública un nuevo reglamento entre el 22 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026. A 4 de octubre de 2026, no consta su aprobación en el BOE.
En ese trámite, el CERMI, que representa a las personas con discapacidad en España, presentó un informe con diecisiete observaciones. La organización hizo públicas sus propuestas el 9 de febrero de 2026. Pide que la accesibilidad universal sea transversal y exigible: asegurar la accesibilidad física, sensorial, comunicacional, cognitiva y digital; que toda la comunicación del museo, presencial y en línea, sea accesible, con subtitulado, audiodescripción y lectura fácil; que haya personal formado; que los espacios se diseñen accesibles desde el origen; y que se evalúe periódicamente la accesibilidad en todo el sistema de museos.
Para muchas personas, la visita empieza antes de llegar a la puerta: en la web donde consultan el horario, el precio, cómo llegar y qué pueden encontrar dentro. Si esa información no se entiende, la visita puede no ocurrir. Esa exclusión apenas deja rastro, porque no se registra a quien desiste antes de llegar.
Ese es el terreno de «Acceso fácil, sociedad inclusiva: innovación digital desde la comunidad», un proyecto anunciado por Plena inclusión el 29 de abril de 2026. Veinte equipos de exploración, formados en el ámbito de quince federaciones y la Asociación Líber, evalúan la accesibilidad cognitiva de webs públicas de ocio, cultura y turismo. Cada equipo revisa primero una web de su territorio y después un prototipo de web accesible. Participan personas con y sin dificultades de comprensión, profesionales de la accesibilidad cognitiva y agentes de la comunidad. El proyecto se desarrolla con la colaboración del grupo HULAT de la Universidad Carlos III de Madrid y con apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE. Sus dos resultados previstos, un estudio y una herramienta con recomendaciones, no constan publicados todavía.
La accesibilidad de las webs públicas está regulada por el Real Decreto 1112/2018. La norma exige que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos, y remite a las normas técnicas europeas aplicables. No formula, sin embargo, una obligación diferenciada bajo la expresión «accesibilidad cognitiva».
Eso no significa que la accesibilidad cognitiva carezca de reconocimiento jurídico. La Ley 6/2022 la incorporó expresamente a la accesibilidad universal y extendió su aplicación, entre otros ámbitos, a la sociedad de la información, los bienes y servicios a disposición del público y el patrimonio cultural. El Real Decreto 707/2026 desarrolló sus condiciones básicas y fue publicado el 3 de septiembre de 2026, aunque entrará en vigor el 2 de enero de 2027. Además, una ley publicada el 3 de octubre de 2026, que entrará en vigor veinte días después, refuerza la accesibilidad universal como derecho y añade a la Ley del Patrimonio Histórico Español una obligación específica de garantizarla en el patrimonio cultural, incluida la accesibilidad cognitiva y los ajustes razonables.
La accesibilidad web se comprueba a menudo mediante criterios técnicos verificables: que las imágenes tengan texto alternativo, que se pueda navegar con el teclado o que el contraste sea suficiente. Son condiciones necesarias. Su cumplimiento no demuestra, por sí solo, que una persona entienda cómo preparar la visita o comprar una entrada.
El método de Plena inclusión introduce otra comprobación: observar qué entienden y cómo se orientan las personas que usan la web. No sustituye la evaluación técnica; examina una barrera que esta puede no detectar. El futuro reglamento de museos puede concretar estas obligaciones para el ámbito museístico, pero la accesibilidad cognitiva ya no depende solo de la voluntad de cada institución. Tiene reconocimiento legal y, desde enero de 2027, contará también con un desarrollo reglamentario estatal específico.
Sobre la conversación abierta
Este texto continúa la línea del Cuaderno sobre las infraestructuras que deciden quién llega a la cultura, ahora desde la entrada digital. Parte del reglamento vigente, del proyecto que debe sustituirlo, de las propuestas del CERMI, del proyecto de Plena inclusión y del marco jurídico de la accesibilidad cognitiva. Si trabajas en accesibilidad, en mediación en museos o en uno de los equipos de evaluación y puedes aportar un dato, este cuaderno sigue abierto.
Actualizado el 4 de octubre de 2026: se precisa el número de observaciones del CERMI, la fecha en que la organización hizo públicas sus propuestas y se enlaza el texto completo del proyecto de reglamento.