En marzo de 2021 un comprador de grano de Saskatchewan llamó por teléfono a un agricultor con el que llevaba nueve años haciendo negocios. Acordaron una venta de ochenta y siete toneladas de semilla de lino a diecisiete dólares el bushel, con entrega en noviembre. El comprador rellenó el contrato de su empresa, lo firmó a mano, le hizo una foto y se la mandó al móvil del agricultor con un mensaje de cinco palabras: por favor, confirma el contrato de lino.

El agricultor respondió con un emoji: 👍.

Llegó noviembre y el lino no se entregó. El precio del lino había subido bastante desde marzo, así que la compradora tuvo que comprarlo en el mercado, más caro, y demandó por la diferencia. El agricultor se defendió diciendo que el pulgar no significaba que aceptaba el contrato, solo que había recibido el mensaje y que, en cualquier caso, faltaba una firma válida porque la ley de venta de bienes de la provincia exige un documento firmado. El juez T. J. Keene, del tribunal de Saskatchewan, resolvió en junio de 2023 que había contrato, que el emoji valía como aceptación y que cumplía la función de una firma. Condenó al agricultor a pagar ochenta y dos mil doscientos dólares canadienses.

La noticia dio la vuelta al mundo con el titular obvio: un emoji vale como firma. Y ese titular es falso, o por lo menos incompleto.

La prensa mezcló las cifras. El contrato valía unos cincuenta y ocho mil dólares. Los ochenta y dos mil de la condena no son una multa por mandar un emoji: son el perjuicio, la diferencia entre lo que la compradora habría pagado según el contrato y lo que le costó reemplazar el lino cuando el mercado ya había subido. El emoji no fue el delito. Fue la prueba de que había un acuerdo que después se incumplió.

Y sobre la firma, el tribunal fue mucho más cuidadoso de lo que sugieren los titulares. No dijo que un pulgar hacia arriba signifique jurídicamente “acepto”. Aplicó el criterio clásico de la formación de contratos: qué entendería una persona razonable que conociera todos los antecedentes. Y los antecedentes eran estos. Las dos empresas llevaban desde 2012 comerciando, con quince o veinte contratos de entrega diferida. Desde 2020, por el trabajo a distancia, cerraban los tratos exactamente así: llamada telefónica, foto del contrato firmado, mensaje pidiendo confirmación, y el agricultor respondía con un “looks good”, un “yup” o un “ok”. Y después cumplía. Todas las veces.

En ese contexto, el pulgar no era un signo suelto que hubiera que descifrar. Ocupaba el lugar exacto que en aquella relación ocupaban esas tres palabras. El juez lo formuló así: una persona razonable que conociera todos los antecedentes entendería objetivamente que las partes habían llegado a un acuerdo, igual que habían hecho en numerosas ocasiones anteriores. Y sobre la firma distinguió entre el dibujo y las funciones que una firma cumple que son dos: identificar a quien consiente y mostrar que consiente. El emoji llegó desde el número de teléfono habitual del agricultor, nadie discutía que lo hubiera enviado él, y respondía a una petición inequívoca de confirmar un contrato. El tribunal reconoció que era un medio no tradicional de firmar un documento, y concluyó que, en aquellas circunstancias, servía para ambos fines.

El agricultor apeló, y en diciembre de 2024 el tribunal de apelación de Saskatchewan confirmó la sentencia, pero por mayoría de dos jueces contra uno, lo que indica que la cuestión no era trivial. En julio de 2025 el Tribunal Supremo de Canadá se negó a admitir el recurso, con lo que la condena quedó firme. El Supremo no dictaminó que un emoji sea una firma. Simplemente no quiso entrar en el asunto, que es otra cosa.

Lo que este caso enseña no es nada nuevo sobre emojis; es algo bastante antiguo sobre los signos. El pulgar hacia arriba no tenía, ni tiene, un significado jurídico propio. Adquirió uno preciso porque dos personas llevaban años usando gestos mínimos con un sentido perfectamente estable entre ellas. La costumbre había fijado el valor del signo antes de que el signo apareciera. Si el mismo emoji lo hubiera enviado un desconocido, respondiendo a un mensaje ambiguo, sin trato previo, el resultado habría sido probablemente el contrario, y el propio tribunal de apelación rechazó expresamente que su decisión convirtiera cualquier emoji en una firma.

Así que el tribunal no interpretó un pictograma. Interpretó una relación. Y decidió que dentro de esa relación, ese gesto quería decir lo que las dos partes sabían que quería decir, aunque en cualquier otro sitio no hubiera querido decir nada.

El juez añadió una frase que se ha citado mucho: que el tribunal no puede, ni debe, intentar contener la marea de la tecnología y del uso común, porque esa parece ser la nueva realidad de la sociedad canadiense y los tribunales tendrán que estar preparados para lo que venga con los emojis y cosas semejantes. Es una frase buena, pero se ha leído como si el derecho estuviera cediendo ante una novedad. Lo que ocurrió fue más bien lo de siempre: un tribunal comprobó qué significaba un signo entre quienes lo usaban. La novedad estaba en el dibujo. El razonamiento tiene siglos.

Sobre la conversación abierta

Este texto parte de un caso verificado: South West Terminal Ltd. v Achter Land & Cattle Ltd. (2023), en el que un tribunal de Saskatchewan resolvió que un emoji de pulgar hacia arriba, enviado en respuesta a la petición «Please confirm flax contract», constituía aceptación y cumplía la función de una firma. Corrijo dos cosas que la difusión periodística mezcló: la condena de 82.200 dólares canadienses no fue una multa por el emoji, sino el perjuicio por el incumplimiento de un contrato de unos 58.000; y ni ese tribunal ni el de apelación establecieron que un emoji equivalga siempre a una firma. Sostengo que lo decisivo fue la relación previa: las partes llevaban años cerrando contratos con «ok» o «yup», y el pulgar ocupó ese lugar. El signo no significaba solo; significaba dentro de una costumbre. Si alguien quiere intervenir desde el derecho de contratos, la lingüística o la comunicación digital, este cuaderno sigue abierto.

Fuentes

South West Terminal Ltd. v Achter Land & Cattle Ltd., 2023 SKKB 116, Court of King’s Bench for Saskatchewan, juez T. J. Keene, 8 de junio de 2023: condena de 82.200,21 dólares canadienses más intereses y costas. Citas: «a reasonable bystander knowing all of the background would come to the objective understanding that the parties had reached consensus ad idem»; «a 👍 emoji is a non-traditional means to “sign” a document but nevertheless under these circumstances this was a valid way to convey the two purposes of a “signature”».

Los hechos: contrato de 87 toneladas métricas de semilla de lino a 17 dólares por bushel, entrega en noviembre de 2021; fotografía del contrato firmado enviada con el mensaje «Please confirm flax contract». Relación comercial desde 2012, con 15-20 contratos previos confirmados por mensajes breves («looks good», «ok», «yup»).

Achter Land & Cattle Ltd. v South West Terminal Ltd., 2024 SKCA 115, Court of Appeal for Saskatchewan, 16 de diciembre de 2024: apelación desestimada por mayoría (2 a 1), con voto discrepante del juez Barrington-Foote.

El Tribunal Supremo de Canadá denegó la autorización para recurrir el 24 de julio de 2025, con costas, sin pronunciarse sobre el fondo.