Las cifras circulan ya con la seguridad de los hechos. Los centros de datos del mundo consumieron unos 415 teravatios-hora en 2024, cerca del 1,5 % de toda la electricidad del planeta, y podrían acercarse a los 945 en 2030. En Estados Unidos fueron 176 teravatios-hora en 2023, un 4,4 % del consumo nacional. Entrenar GPT-3 pudo evaporar unos setecientos mil litros de agua dulce. Las he citado yo mismo, y son las mejores que tenemos.

Vale la pena examinar qué clase de cifras son. La primera es una estimación agregada de una agencia internacional, y la de 2030 es además una proyección de escenario. La segunda modeliza el consumo del parque de un país entero. La del agua es un cálculo académico, y sus propios autores la presentan así, no como medición auditada. Ninguna de las tres dice nada sobre una instalación concreta. No están hechas para eso: sirven para fijar el orden de magnitud de un fenómeno global, que no es poco, y no para saber qué pasará en el edificio que quieren levantar a diez kilómetros de tu casa.

Sobre eso durante años no hubo casi nada, y lo poco que sabíamos de casos concretos venía por otra vía. Del proyecto de Meta en Talavera de la Reina se informó que se llevaría alrededor del ocho por ciento del agua asignada a la ciudad, después de rebajar su previsión inicial; en Aragón, los colectivos que se organizaron contra varios proyectos resumieron el asunto en un lema difícil de mejorar, “tu nube seca mi río”. Esa información venía del periodismo y de la documentación ambiental que los proyectos deben presentar, no de que el operador publicara sus contadores.

La historia ha cambiado hace muy poco, y casi nadie lo ha contado. Desde 2024, un reglamento europeo obliga a todos los centros de datos de cierto tamaño a declarar, uno por uno, su consumo total de energía, su consumo de agua, su agua potable, sus refrigerantes, el calor que reutilizan y su porcentaje de renovables. No de forma agregada: por instalación, con un conjunto separado de datos para cada localización física. El primer envío fue en septiembre de 2024 y se repite cada año. El contador que durante años dijimos que no existía existe, se lee, y alguien anota la cifra.

Lo que ocurre, y es más interesante que la ausencia que yo suponía, es que esa cifra por instalación va a una base de datos europea, y el mismo reglamento que obliga a producirla ordena mantenerla confidencial. Lo dice con todas las letras: la base será pública solo de forma agregada, y la Comisión y los Estados miembros mantendrán confidenciales los datos e indicadores de cada centro individual. Se mide con precisión, se entrega al regulador, y lo que llega al público es la suma. El dato existe y está reservado.

De modo que el problema no es que nadie mida; es que la medición individual está tomada, verificada en su formato y guardada, y la ley decide que el ciudadano, el ayuntamiento y el periodista vean el total del país pero no el edificio que tienen al lado. Y esto no es un descuido: es una elección normativa, justificada por el secreto comercial de los operadores. La cifra agregada protege una intimidad —la de la empresa— y sacrifica otra transparencia, la del territorio que aloja la instalación y sostiene su factura de agua.

Conviene ser justo con lo que sí hay, porque no todo es reserva. Algunas empresas publican más de lo que la ley las obliga a hacer público. Meta ofrece en su índice ambiental el consumo de electricidad y de agua por instalación, autodeclarado y con una revisión limitada de una auditora para métricas seleccionadas. Google publica el agua por localización de sus centros y la eficiencia por campus, aunque no el consumo eléctrico absoluto de cada uno. Microsoft y Amazon, en cambio, se quedan en la media global o regional. La foto es desigual: hay quien enseña el contador por voluntad propia y quien muestra solo el promedio de su flota, y entre una cosa y otra no hay un criterio común ni un tercero que garantice que lo enseñado es comparable.

Esto explica, de paso, por qué la aritmética del consumo por consulta sigue siendo un callejón, aunque ahora por un motivo más preciso. No es solo que desplace la responsabilidad al usuario, que es el único punto de la cadena sin capacidad de decisión. Es que el cálculo fino por instalación —el que permitiría afirmar cuánto cuesta de verdad una operación en un centro concreto, en una hora concreta, con la mezcla eléctrica de esa red— se hace sobre datos que existen pero que no son públicos. Quien publica la cifra del prompt está estimando sobre un promedio, porque el dato exacto está guardado en un cajón al que no tiene acceso.

Queda una cosa por decir, y la dejo apuntada porque pertenece a otro terreno. El impacto de un centro de datos no es una propiedad del edificio. El mismo diseño, con los mismos servidores, resulta casi inocuo sobre una red descarbonizada y una cuenca holgada, y muy conflictivo sobre una red saturada y un acuífero tensionado en agosto. Es una magnitud relacional, no una característica del objeto. Y por eso el dato agregado nacional, que es lo único público, es precisamente el que menos ayuda a quien tiene que decidir sobre una instalación concreta: promedia justo la variable que importa, el lugar.

En España, mientras tanto, el real decreto que transpondría todo esto sigue en tramitación: la audiencia pública se cerró en septiembre del año pasado y el ministerio dice estar trabajando en ello. Cuando llegue, heredará el mismo esquema europeo, y con él la misma pregunta, que ya no es si se mide. Se mide. La pregunta es a quién se le permite leer lo medido. Y hoy la respuesta es que al territorio que aloja el centro y paga su agua se le entrega la media del país, mientras la cifra de su propio edificio queda, medida y reservada, en una base a la que no puede asomarse.

Sobre la conversación abierta

Este texto vuelve sobre la huella material de la computación desde un ángulo que la verificación me obligó a corregir a mitad de camino: creía que el problema era la ausencia de medición, y resulta que desde 2024 un reglamento europeo obliga a medir por instalación. Lo que descubrí es otra cosa, y más incómoda: esa medición individual existe, la tiene el regulador, y la ley ordena mantenerla confidencial y publicar solo agregados. La disputa no es si se mide, sino quién puede leer la cifra por instalación. Si alguien quiere intervenir desde la evaluación de impacto ambiental, el derecho administrativo, la ingeniería de centros de datos o la administración que autoriza, este cuaderno sigue abierto, y me interesa en particular que me corrijan si esos datos individuales son más accesibles de lo que he encontrado.

Fuentes

International Energy Agency. Energy and AI. 2025.

Shehabi, A. et al. 2024 United States Data Center Energy Usage Report. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024. DOI: 10.71468/P1WC7Q.

Li, P.; Yang, J.; Islam, M. A.; Ren, S. Making AI Less “Thirsty”. arXiv:2304.03271, 2023.

Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, sobre el primer esquema común de la Unión para la calificación de la sostenibilidad de los centros de datos, en desarrollo de la Directiva (UE) 2023/1791 de eficiencia energética. Obligación de reporte por instalación; publicación agregada; confidencialidad de los datos individuales.

Meta, Environmental Data Index (consumo por instalación de electricidad y agua, con aseguramiento limitado de EY). Google, Environmental Report (agua por localización, PUE por campus). Microsoft y Amazon Web Services, informes de sostenibilidad (PUE/WUE global y regional).

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Proyecto de Real Decreto sobre eficiencia y sostenibilidad de centros de datos (audiencia pública cerrada el 15 de septiembre de 2025; en tramitación).

Cobertura periodística del caso de Talavera de la Reina (eldiario.es, Toledodiario) y de los centros de datos en Aragón (RTVE, eldiario.es).