Una habitación para seis semanas: vivienda y cultura

El 3 y el 4 de octubre de 2026 decenas de miles de personas se manifestaron por la vivienda en ciudades de toda España. Las convocatorias reclamaron contratos más estables, alquileres más bajos, el fin de los desahucios y más vivienda pública. En muchas marchas se pidió una huelga general. El Sindicato de Inquilinas trabaja para construirla pero a 4 de octubre no existe una convocatoria formal con fecha.

Las protestas no terminaron al acabar las marchas. Frente al Ayuntamiento de València había el domingo un centenar de tiendas y más de doscientas personas, con intención de mantener la acampada. En la Puerta del Sol de Madrid, el campamento cumplía ocho días y se extendía ya por calles próximas; distintas informaciones situaban allí alrededor de dos mil tiendas. En Málaga, un millar de personas se había manifestado el 28 de septiembre y una parte de ellas inició una acampada en la plaza de la Constitución. El 3 de octubre, otra marcha reunió a miles de personas: 4.500 según la Policía Local, 8.000 según la Policía Nacional y 50.000 según los organizadores.

Un día antes de las movilizaciones del fin de semana, el Congreso había derogado dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno el 29 de septiembre. El Real Decreto-ley 26/2026 contenía el paquete general sobre función social de la vivienda, alquileres temporales y por habitaciones, protección frente a determinados desahucios, fiscalidad y vivienda asequible. Fue rechazado por 178 votos frente a 172. El Real Decreto-ley 27/2026 reforzaba la continuidad de los contratos de vivienda habitual y fue rechazado por 184 votos frente a 166. Ambos estuvieron vigentes durante un periodo muy breve y quedaron derogados el 2 de octubre.

La coincidencia no demuestra que las protestas respondieran solo a esas votaciones; la crisis venía de antes. Pero la derogación dejó sin efecto medidas presentadas como urgentes mientras la movilización reclamaba precisamente estabilidad, reducción de precios y protección frente a la pérdida de la vivienda.

En las ciudades que han convertido la cultura en una parte de su imagen, la contradicción alcanza también a quienes la producen. No porque el trabajo cultural merezca una vivienda distinta de la de los demás, sino porque comparte la misma necesidad con una dificultad añadida: ingresos bajos, intermitentes y difíciles de acreditar ante el mercado.

Las cifras

Según Idealista, alquilar una vivienda tipo de dos dormitorios en Málaga capital exigía en el segundo trimestre de 2026 el 40 % de los ingresos netos de un hogar medio. En el conjunto de la provincia, el 58 %. En Madrid, el 38 %; en Palma, el 45 %; y en España, el 39 %. Son estimaciones de una empresa del sector, elaboradas con precios anunciados e ingresos medios, no estadísticas oficiales sobre el gasto real de los hogares. Pueden servir para medir la distancia entre ingresos y oferta disponible, no para describir la situación de cada familia.

El Banco de España documentó en 2024 que el alquiler había crecido sobre todo entre jóvenes, población de origen extranjero, áreas urbanas y zonas turísticas. También señaló que la demanda aumentaba más que la oferta y que el parque de alquiler social seguía siendo reducido. El propio banco incluyó entre los factores que limitan la oferta residencial el uso turístico, el alquiler de temporada y el de habitaciones, sin reducir a ellos un problema que tiene varias causas.

La presión no va a desaparecer por sí sola. La proyección del Instituto Nacional de Estadística sitúa el número de hogares en 19,76 millones en 2026 y en 21,94 millones en 2041 si continúan las tendencias actuales. Los hogares unipersonales llegarían a 6,72 millones, el 30,6 % del total. Harán falta más viviendas, pero también viviendas adecuadas a hogares más pequeños, bien situadas y con precios compatibles con los ingresos.

Málaga

En mayo de 2026 el INE estimó 45.176 viviendas turísticas anunciadas en las principales plataformas de la provincia de Málaga. Es una estadística experimental obtenida mediante rastreo web, no un registro administrativo de licencias. En la capital la concentración es muy desigual: el promedio municipal oculta secciones del centro donde más de una de cada tres viviendas se anuncia para uso turístico.

El Ayuntamiento endureció en junio de 2024 los requisitos para nuevas viviendas turísticas. Desde el 23 de agosto de 2025 mantiene suspendidas las nuevas altas en todo el término municipal durante un máximo de tres años o hasta que se apruebe antes la modificación del plan general. La medida no convierte por sí sola los alojamientos existentes en vivienda habitual ni resuelve la falta de parque público. Reconoce, sin embargo, que el uso residencial necesita protección frente a otros usos más rentables.

Málaga ha utilizado la cultura para transformar su imagen: museos, festivales, producción y marca de ciudad. La pregunta no es si merece esa imagen, sino quién puede permanecer en la ciudad que la sostiene. Una política cultural resulta incompleta cuando financia programación y visibilidad, pero acepta que quienes investigan, producen, median, montan, interpretan o cuidan esas actividades no puedan pagar una vivienda cerca de su trabajo.

Ingresos que el mercado no entiende

Los datos sobre los ingresos culturales son escasos y no permiten tratar el sector como un bloque homogéneo. El estudio sociolaboral de la Fundación AISGE se basa en 3.410 encuestas a sus socios, principalmente intérpretes y bailarines, y recoge datos de 2023. El 48 % obtuvo menos de 3.000 euros anuales por trabajo artístico; el 77 %, menos de 12.000; y solo el 7 % superó los 30.000. Si se cuentan exclusivamente los ingresos artísticos, el 72 % quedaba por debajo del umbral de pobreza; al sumar otras fuentes, el 44 %.

No puede extrapolarse ese resultado a todas las profesiones culturales. Sí muestra una realidad reconocible: una persona puede trabajar, producir valor público y encadenar encargos durante todo el año sin disponer de una nómina regular que satisfaga los filtros de una inmobiliaria o de un propietario. El problema no es solo cuánto se gana. También importa cómo se acredita un ingreso discontinuo y qué garantías adicionales exige el mercado a quien no encaja en el empleo estable.

Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, basado en una encuesta a 1.384 artistas y profesionales de la cultura realizada en 2022, añade otro indicio: solo el 5 % consideraba que la sociedad veía su trabajo como esencial. La precariedad material y la falta de reconocimiento no son lo mismo, pero pueden reforzarse.

Qué da una residencia

Una residencia artística aporta durante unas semanas o unos meses espacio de trabajo, tiempo, acompañamiento y, en algunos casos, alojamiento. El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, en Córdoba, convoca residencias de tres meses con espacio, herramientas y una ayuda de hasta 7.000 euros para gastos de producción y residencia. La ayuda debe cubrir esos conceptos; las fuentes del programa no dicen que el centro proporcione además alojamiento como una prestación separada.

Genalguacil reúne de forma más completa esas condiciones. En los Encuentros de Arte de 2026, la residencia duró un mes y proporcionó alojamiento, una dotación para manutención, apoyo para producir la obra y 1.500 euros de honorarios, impuestos no incluidos. Es un modelo valioso y más completo, pero sigue siendo temporal: permite desarrollar un proyecto durante un periodo determinado y no resuelve el acceso estable a la vivienda cuando termina la residencia.

Tampoco existe un censo oficial de residencias españolas que permita saber cuántas pagan, cuántas alojan y cuántas cobran a quienes participan. Las bases disponibles mezclan programas financiados, convocatorias desaparecidas y retiros de pago. Esa falta de información no es menor: impide evaluar quién puede presentarse, quién queda fuera y qué condiciones laborales se financian con dinero público.

Una residencia puede cambiar una trayectoria y debe valorarse por lo que realmente ofrece. No es una política de vivienda. Cuando una institución la presenta como respuesta suficiente a la precariedad, corre el riesgo de administrarla: selecciona a una persona, le da seis semanas de techo y devuelve después el problema intacto al mercado.

Una residencia responsable debería cubrir el alojamiento sin descontarlo de unos honorarios ya insuficientes, pagar el trabajo, permitir la convivencia con hijos o personas dependientes, asumir desplazamientos y publicar con claridad las condiciones. La hospitalidad institucional no consiste en alojar temporalmente a alguien a cambio de disponibilidad total.

Otras maneras de hacerlo

Cerca de esa Málaga que convierte la cultura en marca mientras expulsa a parte de quienes la sostiene, Genalguacil ha desarrollado desde 1994 otro modelo: producir patrimonio con los artistas y los vecinos, integrar las obras en la vida cotidiana y utilizar la cultura contra la despoblación. Sus Encuentros de Arte han reunido a más de doscientos artistas y la convocatoria de 2026 recibió 113 propuestas de once países, una muestra de la proyección internacional alcanzada desde un municipio rural. El modelo no resuelve por sí solo el acceso a la vivienda ni está libre de límites, pero cambia la dirección de la política cultural: no utiliza el territorio como decorado, sino que intenta que la creación contribuya a sostenerlo.

En Barking, al este de Londres, A House for Artists ofrece doce viviendas asequibles con espacios de trabajo y una sala comunitaria. Los alquileres se fijaron en el 65 % del precio de mercado y, a cambio, las personas residentes desarrollan actividades creativas gratuitas con el barrio. El modelo une vivienda, trabajo y comunidad, pero plantea una cautela: la vivienda asequible no debería convertirse en remuneración encubierta por trabajo cultural gratuito.

Viena ofrece una lección distinta, de escala y universalidad. La ciudad posee unas 220.000 viviendas municipales y cuenta con alrededor de 200.000 viviendas cooperativas o subvencionadas. El acceso está sujeto a requisitos, pero el sistema no parte de una categoría profesional privilegiada. Los artistas se benefician como residentes, igual que quienes trabajan en la sanidad, la hostelería, la educación o el comercio.

Ese principio importa. Crear vivienda exclusiva para artistas obligaría a decidir quién merece esa denominación y por qué tendría prioridad frente a otra persona expulsada por el mismo mercado. La respuesta más justa no es multiplicar excepciones corporativas, sino garantizar vivienda asequible de manera suficiente y reservar las políticas culturales para corregir las condiciones específicas del trabajo cultural: talleres, equipamientos, honorarios, movilidad, cuidados y tiempo de producción.

Qué se puede pedir

La Comisión Europea presentó el 16 de diciembre de 2025 el Plan Europeo de Vivienda Asequible. Parte de una afirmación inequívoca: la vivienda no es solo una mercancía, sino un derecho fundamental y una base de la dignidad. Propone aumentar la oferta, movilizar inversión pública y privada, revisar las ayudas de Estado, abordar el alquiler de corta duración en zonas tensionadas y proteger a quienes soportan peor la crisis.

En España, los dos decretos derogados duraron demasiado poco para consolidar sus medidas. Su fracaso parlamentario no elimina los problemas que intentaban abordar ni convierte automáticamente cada una de sus soluciones en la única posible. Obliga a volver a discutirlas sin omitir la pregunta central: qué debe pesar más cuando el rendimiento de un activo entra en conflicto con el acceso estable a un bien necesario para ejercer los demás derechos.

La vivienda es la condición material desde la que se trabaja, se estudia, se cuida y se participa en la vida pública. También desde la que se crea. Defenderla como derecho no supone reclamar un privilegio para el sector cultural, pero sí que no se use para embellecer ciudades que expulsan a quienes las sostienen y que las instituciones no confundan una ayuda temporal con una vida posible.

Una política cultural que vaya más allá de la programación debe mirar dónde vive la gente que la hace. Eso significa apoyar un parque público y social suficiente para todos; proteger el alquiler residencial frente a usos especulativos; ofrecer talleres asequibles de larga duración; pagar honorarios dignos; y diseñar residencias que permitan acudir con familia, cuidados y seguridad económica.

Las movilizaciones de estos días han hecho visible que la vivienda ya no admite respuestas marginales. Las acampadas prolongan la protesta y el llamamiento a una huelga general intenta trasladar el conflicto desde la calle a la relación económica entre quienes cobran una renta y quienes necesitan un hogar. A 4 de octubre, esa huelga todavía no está formalmente convocada. La demanda que la impulsa sí está formulada: la vivienda debe dejar de funcionar únicamente como oportunidad de rentabilidad cuando esa rentabilidad impide vivir.

Seis semanas de techo no son una casa.

Sobre la conversación abierta

Este texto se publica a título personal. Parte de una preocupación por las condiciones materiales que hacen posible el trabajo cultural, pero no reclama una excepción para artistas ni habla en nombre de ninguna organización. Si trabajas en vivienda, gestión cultural, residencias artísticas o políticas urbanas y puedes aportar datos o corregir la lectura, escríbeme.