En Berlín, la Volksbühne convirtió este verano la calle que tiene delante en una piscina pública. La llamó Volksbad: veinticinco metros de agua, gratis, sin pedir identificación, durante ocho semanas, como intervención sobre una ciudad donde el espacio público se privatiza y se controla cada vez más. Dentro de ese programa, que incluía días reservados para distintos colectivos, había una tarde de seis horas cedida a una asociación, EOTO, para que un grupo de niños y jóvenes negros pasara una tarde de vacaciones en el agua. Esa tarde no se celebró. Se canceló por amenazas.
No se cerró una piscina pública a los blancos, se reservaron seis horas de una programación de ocho semanas para una actividad infantil de un colectivo que trabaja con población afrodescendiente, como medida para un grupo que sufre desventaja estructural: lo mismo que se hace, sin que nadie se escandalice, cuando se reserva un horario para mayores, para personas con discapacidad o para mujeres. La institución y el colectivo lo presentaron así. Lo que circuló después fue otra cosa: una versión según la cual se expulsaba a la mayoría por el color de su piel. Entre las dos descripciones hay un abismo, y ese abismo no apareció solo.
Sobre esa versión distorsionada se montó una campaña. La copresidenta de la extrema derecha alemana habló de “apartheid”; el partido difundió que se hacía “segregación racial abierta” con dinero del contribuyente. Y a partir de ahí, según denunciaron el colectivo y el propio teatro y recogieron los medios públicos alemanes, llegaron los correos con amenazas racistas y amenazas de violencia. No he visto los mensajes y no afirmo más de lo que está acreditado: hubo una denuncia de amenazas, sostenida por las dos partes afectadas y recogida por la prensa de referencia. Fue suficiente para que ni el teatro ni el colectivo pudieran garantizar la seguridad de los niños, ni siquiera con seguridad privada y presencia policial. Y cancelaron.
Cancelar, en esas condiciones, fue lo correcto. Cuando la seguridad física de unos niños no se puede garantizar, se protege a los niños y punto; no hay causa, por justa que sea, que valga el riesgo de un menor. Quien tomó esa decisión hizo lo que tenía que hacer. El problema no está ahí. El problema es qué ha pasado para que esa fuera la única decisión posible, y qué aprende todo el mundo de que lo fuera.
Porque lo que se ha demostrado es que amenazar funciona. Un grupo de gente decidió que una tarde de piscina para niños negros no debía ocurrir, montó una campaña sobre una mentira, añadió amenazas, y la tarde no ocurrió. Consiguieron exactamente lo que querían. No convencieron a nadie, no ganaron ningún debate, no presentaron ningún argumento que resistiera: solo elevaron el coste hasta que continuar se volvió imposible. Y les salió bien.
Ese es el precio real del veto, y no lo paga solo quien se quedó sin su tarde de piscina. Lo paga el siguiente. Porque cada vez que una amenaza logra cancelar algo, queda registrado como método que da resultado, y el método se repite, porque para qué cambiar lo que funciona. La próxima institución que planee una actividad parecida lo pensará dos veces, no por convicción sino por cálculo: para qué exponerse. La amenaza no necesita repetirse en cada caso; basta con haber funcionado una vez para que la siguiente se autocensure sola, antes de que nadie tenga que mandar un solo correo. El veto más eficaz es el que ya no hace falta ejercer porque todos han aprendido a anticiparlo.
Y ahí es donde la responsabilidad se desplaza a quien de verdad la tiene, que no es el teatro que protegió a los niños. Es de quien amenazó, evidentemente, pero también de una estructura pública que dejó que la amenaza ganara. El senador de Cultura de Berlín lo dijo con acierto: no puede ser que unos proyectos se cancelen por intimidación. Pero decirlo no basta. Si el Estado no garantiza que una actividad legal y protegida se pueda celebrar frente a quien la amenaza, está delegando de hecho, en el que amenaza, la decisión sobre qué ocurre en el espacio público. Le está dando un poder de veto que no le corresponde y que nadie le ha dado, solo por no asumir el coste de plantarle cara.
Se habló mucho, en este caso, de si una tarde reservada para niños negros era o no discriminación. Es un debate que se puede tener, aunque la respuesta —una medida temporal para quien sufre desventaja no es un privilegio— me parezca clara. Pero fijarse solo en eso es perder de vista lo grave, que es quien decidió que esas seis horas no existieran no fue el teatro, ni el colectivo, ni el Ayuntamiento, ni ninguna instancia legítima. Fue quien amenazó. Y mientras amenazar siga siendo un método que funciona, seguirá decidiendo él.
Sobre la conversación abierta
Este texto parte de un caso concreto de Berlín, pero no va sobre Alemania ni pretendo arbitrar el debate local: me interesa el mecanismo, el coste de que una amenaza consiga cancelar una actividad y la señal que eso manda a la siguiente. Doy por acreditado lo que sostienen las partes afectadas y recoge la prensa pública alemana, y distingo la denuncia de amenazas de lo que tendría que probar una instancia judicial. Si alguien quiere intervenir desde la gestión cultural, la seguridad de los espacios públicos, el derecho o la experiencia de organizar actividades expuestas a este tipo de presión, este cuaderno sigue abierto.
Fuentes
Volksbühne Berlin. Comunicados sobre el VOLKSBAD am Rosa-Luxemburg-Platz (7 de agosto – 1 de octubre de 2026) y sobre la cancelación de la actividad con EOTO e.V. (declaraciones de Matthias Lilienthal).
EOTO e.V. (Each One Teach One). Comunicado sobre la invitación del 14 de agosto de 2026 y su cancelación por amenazas.
Tagesschau / rbb y ZDF: cobertura de la cancelación y de las amenazas denunciadas; declaraciones de Cansel Kiziltepe (senadora de Integración) y Stefan Evers (senador de Cultura) de Berlín.
Deutsche Welle y Berliner Zeitung: reacciones políticas (AfD, FDP) y caracterización del debate público.