Si un adolescente pasa seis horas al día en el teléfono, la conversación pública sabe de quién es la culpa. Suya, por no tener disciplina. O de sus padres, por no ponerle límites. La solución que se propone es siempre del mismo tamaño que el culpable señalado: más fuerza de voluntad, más control parental, una app que mida el tiempo de pantalla, un pacto familiar. El problema se plantea como individual y la respuesta también.
En enero de 2026 el Royal College of General Practitioners, el colegio de los médicos de familia británicos, dijo lo contrario. Los daños digitales deben entenderse como un asunto de salud poblacional, no como una mera cuestión de elección individual o de responsabilidad de los padres. Y añade: los niños se desarrollan dentro de sistemas digitales diseñados para maximizar el enganche, no el bienestar.
Diseñados. No «que a veces enganchan», sino construidos, calibrados, optimizados para retener la atención el mayor tiempo posible, porque de ese tiempo depende su negocio. Pedirle a un menor que resista eso con su fuerza de voluntad es pedirle que gane a un sistema afinado por miles de ingenieros precisamente para que no gane. Y luego, cuando pierde, decirle que el problema es su carácter.
Una nota de la oficina científica del Parlamento británico, también de 2026, revisó la evidencia sobre redes sociales y bienestar juvenil, y concluye que la mayor parte de los estudios son observacionales y de corto plazo: muestran asociaciones, no causas. Los efectos medidos son a menudo pequeños o inconsistentes. Beneficios y daños conviven hasta el punto de que una misma cosa puede sentar bien a una persona y mal a otra. Para muchos adolescentes de grupos vulnerables, las redes son el sitio donde encuentran a otros como ellos, donde hallan apoyo que fuera no tienen. No es, ni de lejos, puro daño.
No se puede afirmar que las redes causen el malestar. Esa frase, tan repetida, va más allá de lo que la evidencia permite. Y quien la dice está, sin saberlo, haciéndole un favor al enfoque individual, porque si las redes fueran una toxina simple, la solución sería simple: apártate de ellas. La realidad es peor: no hay una toxina de la que apartarse; hay un entorno diseñado del que no es realista apartarse, porque es donde ocurre la vida social, la escolar, la afectiva, y dentro de ese entorno unas cosas cuidan y otras erosionan, mezcladas, según quién seas y qué te encuentres.
Lo que la posición del RCGP hace, y por eso me parece importante, no es demonizar la tecnología sino desplazar la pregunta. Empieza a preguntar quién diseñó las condiciones en las que se le pide que se controle, y la respuesta no está en el chico ni en su casa. Está en las decisiones de diseño de unas plataformas cuyos incentivos comerciales, dice la propia nota parlamentaria, apenas se han estudiado, porque casi toda la investigación mide el tiempo de uso y no el diseño que lo produce.
Un sistema se construye para extraer algo de la gente, atención en este caso, y cuando ese sistema produce un coste, el coste se le devuelve al individuo formulado como defecto de su carácter. La contaminación es culpa de quien no recicla. La precariedad, de quien no se forma. El sedentarismo, de quien no tiene voluntad. Y el enganche, de quien no apaga el teléfono. En todos los casos alguien diseñó el sistema, obtiene el beneficio, y ha conseguido además que el damnificado sienta que el fallo es suyo. Es una externalización doble: del coste y de la culpa.
El RCGP lo nombra como determinante moderno de la salud, que no es más que una de esas condiciones estructurales, como la vivienda, la renta o el aire, que decide cómo de sana está una población antes de que ningún individuo tome ninguna decisión. Meter el diseño de las plataformas en esa categoría es decir que no es un asunto de hábitos, sino de las condiciones en que se vive, del mismo orden que el agua que se bebe. Y las condiciones no se arreglan con fuerza de voluntad. Se arreglan cambiando quién es responsable de ellas.
Nada de esto significa que la disciplina personal no importe, ni que los padres no tengan ningún papel, ni que la solución sea prohibir. El propio colegio de médicos, que sostiene el enfoque estructural, advierte de que cualquier medida debe basarse en evidencia y no afirma que una prohibición general funcione. Y la nota parlamentaria recuerda que hay expertos que ven en todo este debate un pánico moral construido sobre datos malinterpretados. No es que las plataformas sean la causa probada de un daño, porque eso no se ha demostrado, sino que la responsabilidad de un entorno diseñado no puede recaer entera sobre quien nace dentro de él.
La pregunta «de quién es la culpa» está mal planteada mientras se dirija hacia el usuario, hacia la familia. Un menor no eligió el diseño de las aplicaciones donde transcurre su vida, igual que nadie elige la calidad del aire de su ciudad. Se le puede enseñar a respirar mejor. No se le puede pedir que, él solo, limpie el aire.
Este es un tema sensible. Si te afecta personalmente, considera buscar apoyo profesional.
Sobre la conversación abierta
Este texto parte de dos documentos británicos de 2026: la nota de la oficina científica del Parlamento sobre redes sociales y bienestar juvenil, que subraya que la evidencia es sobre todo correlacional y que beneficios y daños coexisten, y la posición del Royal College of General Practitioners, que propone tratar los daños digitales como un asunto de salud poblacional y no de responsabilidad individual. No sostengo que las redes causen el malestar, cosa que la evidencia no permite afirmar; sostengo algo distinto, que la responsabilidad de un entorno diseñado para maximizar el enganche no puede descargarse entera sobre el individuo que nace dentro de él. Es un debate abierto, con expertos que advierten incluso de un exceso de alarma, y así lo recojo. Si alguien quiere intervenir desde la salud pública, la pediatría, el diseño de productos o la política tecnológica, este cuaderno sigue abierto. Este es un tema delicado; quien lo esté pasando mal con su relación con las pantallas, o acompañe a alguien que lo pase, hará bien en buscar apoyo profesional, y si quieres te ayudo a encontrar dónde.
Fuentes
Parliamentary Office of Science and Technology (Reino Unido), POSTnote 780, «Impacts of social media on children and young people», 20 de agosto de 2026, DOI 10.58248/PN780. La mayor parte de la evidencia es observacional, transversal y de corto plazo; muestra asociaciones, no causalidad directa; los efectos son a menudo pequeños o inconsistentes; beneficios y daños pueden coexistir. El documento registra también que parte de los expertos considera que el discurso sobre los daños refleja un «pánico moral».
Royal College of General Practitioners, «Digital harms and children – RCGP position», enero de 2026. «Digital harms should be understood as a population health issue, not simply a matter of individual choice or parental responsibility»; los menores «are developing within digital systems designed to maximise engagement rather than wellbeing»; los daños digitales como «a modern determinant of health». El RCGP exige que las intervenciones sean «evidence-based» y no afirma que una prohibición general resulte eficaz.
Ambos documentos son, respectivamente, una síntesis institucional de evidencia y una posición de política profesional; ninguno es un estudio causal original.