Llevamos años convencidos, y con razón, de que dependemos demasiado de un puñado de plataformas estadounidenses. Que la conversación pública europea transcurra en infraestructuras diseñadas en California, gobernadas por sus leyes y afinadas por algoritmos que premian la indignación, es un problema real de autonomía y de democracia. De ahí el impulso, cada vez más fuerte, de construir alternativas europeas: redes propias, servidores propios, reglas propias. El deseo es legítimio, si bien merece analizar de cerca qué adquirimos cuando compramos soberanía, porque cambiar de piel no es lo mismo que curar lo que hay debajo.

Una red social no se vuelve democrática por mudarse de California a Fráncfort. Puede alojarse en Europa, cumplir el reglamento europeo, presumir de usuarios verificados, y sostener a la vez una moderación opaca, un sesgo político y un ambiente hostil para determinadas voces. La ubicación de los servidores dice bajo qué ley operan y dónde están los datos. No dice nada sobre si esa plataforma protege el pluralismo, si modera con transparencia o si trata por igual todo lo que se publica. Son dos preguntas distintas, y llevamos tiempo confundiéndolas: creemos que resolviendo la primera resolvemos la segunda, y no es verdad.

La Unión Europea ha puesto la soberanía tecnológica en el centro de su agenda, y las razones son sólidas. Depende de proveedores no europeos para más del ochenta por ciento de sus infraestructuras digitales clave, y esa dependencia es un riesgo estratégico que urge reducir. Nada que objetar. El problema aparece cuando la palabra “soberanía” empieza a funcionar como si fuera, ella sola, una garantía democrática. Que una infraestructura sea europea es un dato jurídico y geopolítico. No es un certificado de pluralismo. Y sin embargo se está usando como si lo fuera.

Ese equívoco tiene un ocupante. La extrema derecha europea ha aprendido a hablar con fluidez el idioma de la autonomía, la seguridad, la verificación y los datos, un idioma que suena técnico y civilizado y que por eso baja las defensas. Su forma más eficaz, la que más me preocupa, es la visualización aparentemente neutral. Circula un tipo de contenido que presenta la migración como un mapa de puntos: cada punto, cien personas; el mapa entero, una mancha que crece hasta saturar el continente. Tiene la estética de un panel de control y la frialdad de una estadística, y precisamente por eso funciona: convierte una posición ideológica en un objeto que parece un hecho.

Merece atención el origen de esos gráficos. Uno de los que más circulan procede de una organización que se define por la “remigración”, un término que no nombra una política migratoria más. Nombra la propuesta de revertir la presencia de determinados grupos por su origen étnico o cultural, apoyada en la teoría conspirativa del “gran reemplazo”: la idea de que las poblaciones europeas están siendo sustituidas de forma deliberada por élites cómplices. Importa distinguir esto con precisión, porque la confusión es la puerta por la que entra. Una política migratoria restrictiva es legítima en democracia: un Estado puede regular fronteras, fijar requisitos y aplicar expulsiones con garantías. La “remigración” es otra cosa, una ingeniería demográfica basada en la idea de homogeneidad etnocultural. Meterlas en el mismo saco, tratar la segunda como si fuera una variante dura de la primera, es exactamente el error que su estrategia necesita que cometamos.

El mapa hace su trabajo callando lo que importa. Un gráfico que suma “personas acumuladas” produce una sensación de invasión totalizante, pero borra todo lo que convierte la migración en un fenómeno humano: no distingue entre detecciones de cruces y personas —la propia agencia europea de fronteras advierte de que sus cifras cuentan cruces, no individuos, y que una persona puede cruzar varias veces—, ni rutas, ni solicitudes de asilo, ni protección reconocida, ni las causas que empujan a alguien a marcharse de su casa. No informa: fabrica miedo con aspecto de dato. Y esa apariencia de objetividad es justo lo que lo vuelve peligroso, porque desactiva la sospecha que despertaría el mismo mensaje dicho a gritos.

Nada de esto es nuevo en su fondo, y ese es el punto que quiero fijar. Las plataformas estadounidenses ya fueron acusadas del mecanismo inverso. Human Rights Watch documentó en 2023 lo que describió como censura sistémica de contenido palestino en Instagram y Facebook: publicaciones eliminadas, cuentas suspendidas, alcance reducido. Meta lo matizó y lo atribuyó a errores y a la aplicación de sus normas. No hace falta resolver ese pleito para ver el patrón: una infraestructura decide, con criterios que no enseña, qué voces se amplifican y cuáles se hunden. Si una plataforma europea reproduce ese mismo poder sin más control, no habremos cambiado el problema. Habremos cambiado el domicilio del problema.

Y aquí está lo que agrava el asunto en las plataformas nuevas. El reglamento europeo de servicios digitales exige transparencia en la moderación y mecanismos para reclamar, y es un buen suelo. Pero sus obligaciones más exigentes recaen sobre las plataformas muy grandes, las de decenas de millones de usuarios. Una red emergente puede quedar por debajo de ese umbral y moderar con muy poco escrutinio público. En esa penumbra, la moderación se convierte en un poder invisible: no solo retira una publicación, enseña al resto lo que más vale no decir. Produce silencio antes de tener que producir censura. Y el silencio no deja rastro, así que ni siquiera se puede denunciar.

Todo esto toca a la cultura de lleno, y me toca a mí como parte de ella. Europa financia arte que piensa críticamente la tecnología: hay programas y redes públicas que sostienen a artistas trabajando sobre inteligencia artificial, vigilancia y sistemas técnicos. Sería una contradicción amarga que, a la vez, se construyeran los espacios donde esa misma crítica, cuando incomoda, quede a merced de una moderación sin garantías. El arte trabaja con lo mismo que estas plataformas administran: la imagen, la memoria, la emoción pública, la legitimidad de lo que merece verse. Quien controla qué aparece y qué se hunde controla también qué obras y qué discursos existen en público. No es una cuestión técnica sobre servidores. Es una cuestión sobre quién decide lo visible.

No estoy en contra de la soberanía tecnológica europea; la creo imprescindible. Estoy en contra de que se venda como certificado moral. “Europeo” se ha convertido en una etiqueta que promete civilidad, legalidad y respeto, y que por eso invita a confiar sin mirar. Pero una plataforma no merece confianza por su domicilio fiscal, sino por lo que hace: si publica los criterios con los que modera, si deja recurrir una decisión, si se somete a auditoría, si protege a las voces vulnerables en vez de sacrificarlas cuando molestan. Sin eso, el sello europeo es solo un sello, y detrás puede haber exactamente lo mismo de lo que huíamos.

Cambiar de plataforma es fácil. Cambiar el régimen que decide qué se ve y qué se silencia es lo difícil, y es lo único que de verdad importa. Si la independencia tecnológica que perseguimos no trae transparencia, derecho a réplica, protección de las voces incómodas y un rechazo sin matices de la deshumanización disfrazada de dato, no habremos resuelto nada. Le habremos cambiado la piel al problema, y el problema, por debajo, seguirá intacto.

Sobre la conversación abierta

Este texto no va contra ninguna plataforma en particular, sino sobre un riesgo de fondo: que la soberanía tecnológica europea, siendo necesaria, se confunda con una garantía democrática que no es. Cambiar de proveedor o de jurisdicción no erradica por sí solo la moderación opaca, el sesgo ni la deshumanización disfrazada de dato. He procurado usar los conceptos con precisión, porque confundir la crítica legítima a la migración con la ideología del reemplazo es la puerta por la que entra lo peor. Si alguien quiere intervenir desde el derecho digital, la política tecnológica europea, la moderación de plataformas o la práctica cultural en red, este cuaderno sigue abierto.

Fuentes

Comisión Europea. Agenda de soberanía tecnológica (2026); dependencia superior al 80% de proveedores no europeos en infraestructuras digitales clave.

Reglamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act): transparencia en moderación y mecanismos de reclamación; obligaciones reforzadas para plataformas de más de 45 millones de usuarios en la UE.

Human Rights Watch. Meta’s Broken Promises: Systemic Censorship of Palestine Content on Instagram and Facebook (20 de diciembre de 2023), y respuesta de Meta.

Britannica, “Replacement theory” (teoría conspirativa del “gran reemplazo”); Global Project Against Hate and Extremism, “What Is ‘Remigration’?”.

Frontex, Migratory Map (nota metodológica: los datos reflejan detecciones de cruces, no personas únicas).

Creative Europe y European Media Art Platform (EMAP): infraestructuras culturales europeas de apoyo a la creación crítica sobre tecnología.