Para constituir una fundación en España basta, en la práctica, con treinta mil euros: la ley presume suficiente esa dotación. Es una cifra alta para un particular y baja para una institución, y ese equilibrio es deliberado. Lo que la ley no dice, porque no le corresponde, es lo que pasa el día siguiente.

Al día siguiente empieza un problema de estructura circular que quien no lo ha vivido tiende a no creerse. La principal línea de financiación del tercer sector en España, la del 0,7 % del IRPF, exige que la entidad esté legalmente constituida al menos tres años antes de la publicación de la convocatoria. Y entre los criterios de valoración incluye la experiencia de la entidad en programas de naturaleza similar al que propone. En las ayudas estatales de cultura la antigüedad mínima no se exige, pero la experiencia y la trayectoria desempeñada puntúan también.

Es decir: para acceder a la financiación principal hay que llevar tres años existiendo, y para puntuar bien hay que haber hecho antes lo que se propone hacer. Los tres primeros años una entidad nueva está fuera de esa puerta por definición, haga lo que haga. Y cuando por fin puede entrar, compite en experiencia acreditada con entidades que llevan veinte años acumulándola. La trayectoria es el requisito, y la financiación es lo que permite construirla.

Antes de seguir, concedo lo que hay que conceder, porque el requisito no es un capricho. Es dinero público. Las administraciones han sufrido fraude, entidades fantasma constituidas para captar subvenciones, programas que se cobraron y no se ejecutaron. Exigir antigüedad y experiencia es una manera razonable de reducir ese riesgo, y quien pide que se elimine sin más no ha pensado en quién pagaría la factura del abuso. Yo no pido eso.

Lo que quiero señalar es el efecto que ese filtro produce sin proponérselo. Un sistema que exige trayectoria previa selecciona, con bastante eficacia, aquello que ya existe. No premia el mérito ni lo castiga: simplemente no puede evaluar lo que aún no ha tenido ocasión de ocurrir. Y el resultado agregado es reconocible en cualquier convocatoria: la Plataforma del Tercer Sector, analizando el reparto estatal del 0,7 %, describe un sistema donde unos pocos proyectos absorben una parte importante del presupuesto mientras miles operan con dotaciones muy limitadas.

Y aquí quiero abordar de frente algo que se comenta mucho en privado y poco en público, porque creo que se cuenta mal. Se dice que en este sector todo funciona por contactos, que sin relaciones políticas o económicas no se empieza. Yo he oído esa frase muchas veces y la he pensado muchas veces, y hoy creo que confunde el síntoma con la causa. Los contactos no son la razón por la que el sistema funciona así. Son el atajo que existe porque el sistema funciona así. Cuando una entidad no puede acreditar la trayectoria que se le pide, lo único que puede sustituirla es que alguien responda por ella: una institución que la avala, un patrono con recorrido, una llamada. La red no burla el requisito de trayectoria: lo suple. Y allí donde un requisito es imposible de cumplir por vías formales, aparece siempre una vía informal que lo resuelve. Eso no es corrupción; es física social.

Debo añadir algo que me obliga a la honestidad y que descoloca cualquier tono de agravio. Yo tengo red. Modesta, pero la tengo: artistas, galerías, comisarios, contactos institucionales, gente que responde el teléfono. Y la uso, como la usa todo el mundo, y es en buena parte lo que ha permitido que las cosas que dirijo existan. No escribo esto desde fuera del mecanismo, denunciándolo. Escribo desde dentro, describiéndolo, que es una posición menos cómoda pero la única que tengo.

Esto conecta con algo que trabajo en mi investigación, y conviene formularlo con precisión porque es de donde saco el marco. En el artículo que he publicado con Adolfo Cortés García distinguimos entre tener legitimidad —el derecho reconocido a estar en el campo, a que lo que uno hace sea siquiera candidato a ser valorado— y tener poder, entendido como la capacidad efectiva de que una afirmación circule y se sostenga; esa descomposición es aportación suya. Con eso a la vista, la situación de una entidad nueva se describe sin necesidad de acusar a nadie: puede tener legitimidad plena —interés social acreditado, calidad demostrable, hasta reconocimiento de quienes entienden— y no tener nada de lo segundo. Y sin lo segundo, la legitimidad no llega a ninguna parte. No es que no se la reconozca: es que no hay quien la haga contar.

Lo que empeora el cuadro es que el filtro se combina con otro más viejo, descrito hace más de quince años como el ciclo de inanición del tercer sector: los financiadores no quieren pagar estructura, solo actividad, así que las entidades declaran costes de estructura mínimos, y con estructura mínima no pueden crecer ni profesionalizarse ni, precisamente, elaborar las justificaciones cada vez más exigentes que se les piden. Una entidad nueva llega a la primera convocatoria sin trayectoria y sin capacidad administrativa para competir por ella, y las dos carencias se alimentan.

No tengo una solución completa, y sospecho que quien la ofrezca en un párrafo la está simplificando. Pero sí veo por dónde iría lo razonable, y no es caro. Líneas de entrada específicas, con importes pequeños y justificación proporcionada, pensadas para entidades sin historial: no como caridad, sino como inversión en que el campo no se cierre. Admitir que la capacidad se acredite de otras formas además de con ejecución previa —la trayectoria personal de quienes componen el patronato, por ejemplo, que en una entidad nueva es lo único que hay—. Y financiar estructura sin pudor, porque una entidad sin administración no es más austera: es más frágil.

Cierro con lo que de verdad me preocupa, que no es mi caso ni el de nadie en particular. Un sistema que solo puede reconocer lo que ya tiene trayectoria acaba conservando muy bien lo que existe y dejando fuera lo que podría existir. Eso es eficiente y es prudente, y tiene un coste que no aparece en ninguna estadística: no sabemos qué no ha llegado a ocurrir. Las entidades que no arrancaron no dejan memoria anual. Y por eso conviene, de vez en cuando, decirlo desde dentro y sin queja: no para pedir un trato, sino para que quede escrito que el filtro tiene un precio y que alguien lo está pagando en algún sitio donde no lo vemos.

Sobre la conversación abierta

Este texto describe una estructura, no un agravio, y lo escribo desde dentro de ella: dirijo una entidad, tengo red y la uso. Su tesis es que los requisitos de antigüedad y experiencia previa son razonables como prevención del fraude y a la vez producen un filtro que selecciona lo ya existente, y que los llamados contactos son el síntoma de ese filtro y no su causa. Si alguien quiere intervenir desde la gestión de entidades, la administración que concede, la investigación sobre el tercer sector o la experiencia de haber intentado empezar algo, este cuaderno sigue abierto, y me interesa en particular quien piense que me equivoco.

Fuentes

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, art. 12 (dotación mínima) (BOE).

Real Decreto 821/2021, bases reguladoras de las subvenciones del 0,7 % del IRPF, arts. 4 y 15 (antigüedad mínima de tres años; experiencia como criterio de valoración) (BOE, 2 de octubre de 2021).

Orden CUL/2912/2010, bases de las ayudas a la acción y promoción cultural, art. 3 (experiencia y trayectoria como criterios) (BOE, 13 de noviembre de 2010); convocatoria 2025, BOE-B-2025-6888.

Plataforma del Tercer Sector. Análisis de resultados de la convocatoria estatal del 0,7 % (ediciones de 2024 y 2025).

Fundación Ferrer i Guàrdia y Plataforma del Tercer Sector de Madrid. Estudio sobre la financiación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

Gregory, Ann Goggins y Don Howard. “The Nonprofit Starvation Cycle”. Stanford Social Innovation Review, otoño de 2009.

Cortés García, Adolfo, y Juan A. Esteban Ruiz. Recognition and Surplus. Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.21630455